Uno de los elementos principales del Sistema Nacional Anticorrupción es la llamada Plataforma Digital Nacional. De acuerdo con la Ley General en la materia, esta Plataforma integra y conecta diversos sistemas electrónicos para “… establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas”. En pocas palabras, es “inteligencia anticorrupción con datos”, como lo define la Secretaría Técnica del Sistema Nacional.

¿Qué hay de prometedor con esta herramienta contra la corrupción? Pues que integrará información de al menos seis sistemas: la relativa a declaraciones de funcionarios públicos federales, estatales y municipales; información de los servidores que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; servidores públicos y particulares sancionados; información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización; información sobre denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como información pública de contrataciones.

La promesa de esta Plataforma es poner a disposición del gobierno y de la sociedad, grandes cantidades de información que hoy en día están dispersas entre diversas instituciones, en los ámbitos federal y estatal. Al hacer que estos datos sean interoperables y abiertos, lo que se está trabajando a nivel federal y en los estados, algunos con avances considerables como Jalisco, Estado de México y Puebla, es diseñar una herramienta gradual en su construcción, cuyo fin es que ciudadanía y gobiernos puedan acceder y usar esa información.

Lo que hay detrás de esta herramienta es la apuesta por usar la tecnología para combatir la corrupción. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para combatir diversos problemas de gobernabilidad no es nuevo, y hay evidencia de cómo su uso tiene un impacto positivo en la agenda democrática de los gobiernos, al reducir las asimetrías de información entre gobiernos y ciudadanía, automatizar procesos, generar transparencia y monitoreo ciudadano, así como detectar anomalías y prevenirlas.

México genera cantidades masivas de información que podrían servir para combatir la corrupción y la impunidad. Las investigaciones periodísticas que hemos conocido en los últimos años son ejemplos del uso de datos abiertos para detectar aparentes casos de corrupción, utilizando información de auditorías, declaraciones patrimoniales y licitaciones. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde el 2009 realiza auditorías forenses que documentan de manera pormenorizada procesos, hechos y evidencias, ante posibles actos irregulares donde se involucran el uso y aplicación de recursos públicos. En este sexenio, la apuesta por combatir la corrupción siguiendo la pista del dinero a través de la investigación financiera, han puesto a la Unidad de Inteligencia Financiera como un actor estratégico.

Ante esta dosis de optimismo hay que hacerse cargo por supuesto, de la brecha digital que perpetua otras desigualdades en la sociedad mexicana. Según Inegi, en 2018, solo 45% de los hogares contaban con computadora y, en 2017, en 57% de los trámites, pagos o solicitudes de servicios, como trámites vehiculares o pago del impuesto predial, los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos, mientras que solo el 2.8% utilizó internet. Si la información es poder como se dice, es claro que la población mexicana no podrá ejercerlo si no tienen acceso irrestricto a la información por los medios necesarios. La tecnología como aliada contra la corrupción y otros males, es un mal discurso si se piensa en los millones de mexicanos que no tienen acceso ni siquiera a la infraestructura básica de telecomunicaciones.

Es claro que la tecnología no es la panacea. Las oportunidades que ofrecen las TIC para desentrañar redes de corrupción deben ir acompañado con aparatos de justicia con las capacidades necesarias para procesar actos de corrupción que, según hemos visto, son cada vez más sofisticados.

 

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