Esta “lista negra” es parte de una estrategia del gobierno estadounidense de usar su sistema financiero para fortalecer sus políticas en contra del crimen organizado, terrorismo o para sancionar a los enemigos del Estado.

 

 

¿En qué se parecen los empresarios mexicanos cercanos al Chapo Guzmán, a los amigos cercanos a Vladimir Putin o a organizaciones que financian Al Qaeda? Sus nombres están en una “lista negra” (Kingpin list) del gobierno de Estados Unidos, donde ciudadanos y empresas tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellos y, los bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos son congelados.

Esta “lista negra” es parte de una estrategia del gobierno estadounidense de usar su sistema financiero para fortalecer sus políticas en contra del crimen organizado, terrorismo o para sancionar a los enemigos del Estado. Es decir, estas personas o empresas no podrán tener contacto con el sistema financiero de Estados Unidos, incluyendo la prohibición de transacciones financieras, tarjetas de crédito y cuentas bancarias.

En este momento hay más de 200 personas y empresas mexicanas que, según el Departamento del Tesoro, estarían apoyando a los grupos del crimen organizado. Los nombres y las empresas son públicos y es posible verlos en el portal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La inclusión en esta lista depende sólo de Estados Unidos; es decir, no es un trabajo propiamente colaborativo, no hay un proceso penal ni un juicio, pero una vez que una persona o empresa entra en ésta, aunque sea por error, el proceso para salir de ella es difícil y terriblemente engorroso.

Lo más interesante es que, en un cambio dramático en la política económica de México, tendremos nuestra propia “lista de personas bloqueadas” a las que se les prohibirá participar en el sistema financiero mexicano.

Digo que este es un cambio de política porque, antes, la posición del gobierno mexicano era criticar la “lista negra” de Estados Unidos pues consideraba que ésta respondía a una estrategia para debilitar las compañías mexicanas y reducir su competitividad ante Estados Unidos.

Hasta hace poco, México no tomaba pasos para confirmar la lista y, aunque aparecían empresas e individuos mexicanos en la de Estados Unidos, en México no se tomaban pasos concretos para cerrar empresas.

Hace unos años entrevisté al encargado de OFAC (Office of Foreign Asset Control), Adam Szubin, quien tiene la responsabilidad de crear la lista y agregar empresas y nombres a ésta. Le pregunté cuál era el impacto de encontrarse en esta lista y respondió que el “propósito es que nada del dinero de esos individuos entre a bancos estadounidenses”, por lo que si estaban adquiriendo bienes en Estados Unidos, ya no podrían hacerlo; pero tampoco podrían exportar hacia ese mercado. Dijo más: “Si están haciendo negocios en dólares americanos, esa posibilidad les es retirada, ya que los negocios en dólares americanos son normalmente hechos a través de bancos americanos, y ningún banco tocará a una compañía o a un individuo, una vez que esté en nuestra lista”.

¿Vamos a imitar esta política en México? En abril, el secretario Luis Videgaray anunció que redactarían su propia “lista negra” desde la Unidad de Implementación de la Ley de Lavado de Dinero, de la shcp. El criterio para incluir a una persona o empresa a esta lista tendría que ver con su participación en grupos del crimen organizado o que su nombre se encuentre en listas publicadas por las Naciones Unidas y gobiernos, como la Kingpin list.

La Secretaría aclaró a quienes se incluya en esta lista que no necesariamente son lavadores de dinero o que están enfrentando un proceso penal. Además, los nombres en la lista no serán públicos. La única forma que entiendo la decisión del gobierno de México es que esta lista es un paso patético del Estado, ante la incapacidad de perseguir a los delincuentes lavadores de activos.

En el caso de la lista estadounidense, esto responde a la incapacidad que tiene ese país de perseguir a criminales o terroristas que no se encuentran en su territorio y, por lo tanto, de una forma arbitraria va en contra de sus propiedades y cuentas de bancos en Estados Unidos.

Pero la famosa “lista negra” en México es para complicarles la vida a los criminales, sin necesariamente castigarlos. Además de que uno se imaginaría que ante un descuido esta lista se podría prestar para abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades; así como para incrementar la incertidumbre de los bancos e incrementar la carga y responsabilidad legal de que no incluyan a los miembros de la famosa lista de “bloqueados”.

En fin, el país no necesita listas, necesita procesos penales contra lavadores de dinero.

¿Es mucho pedir?

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

 

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