Por Rosi Orozco*

Cuesta trabajo imaginar un delito tan infame como la trata de personas. Sus víctimas, una vez atrapadas, empiezan en lo alto de una espiral que baja como un embudo por donde se deslizan varios de los crímenes más aterradores hasta lo más profundo de un ser humano.

Piensa, por ejemplo, en la chica a la que le prometieron un trabajo como modelo o bailarina y que terminará en una casa de citas; ella es víctima de fraude. Luego, será víctima de privación ilegal de la libertad cuando la rapten y se la lleven en un automóvil hasta la casa de un tratante que planea cómo explotar su cuerpo. En el camino, sufrirá amenazas y, seguramente, lesiones que tarden en sanar. Cuando su captor la obligue a tener relaciones sexuales con los clientes, cada acto será un delito sexual: a ratos acoso; luego abuso; la mayoría de las veces violación, frecuentemente multitudinaria. Por semanas, meses, años. Si no cumple con las cuotas asignadas, esa chica sufrirá castigos similares a la tortura. Como a muchas, es probable que también sea obligada a cometer delitos contra la salud vendiendo droga o extorsionando clientes. Un número imposible de determinar, como ella, también serán víctimas de desaparición forzada, si hay agentes del Estado que encubran su ubicación real mientras sus familiares las buscan con angustia. Finalmente, otras serán víctimas de feminicidio.

Si esa chica sobrevive a esa mezcla de delitos aún deberá esperar un tormento más. En este país, quien es víctima de trata de personas lo es por partida doble: sufre la acción de los victimarios y, en casos que aún persisten, la omisión de las autoridades. Esta es una realidad para los 56 millones de personas que viven en este país y que están en riesgo de caer en redes de trata de personas. Una realidad para las 360 mil víctimas que ya cayeron y una realidad para las 200, en promedio, que huyeron de esas redes y que son recibidas, todos los días, en refugios como Fundación Camino a Casa, Pozo de Vida, Red Binacional de Corazones y más.

Pese al incremento de este delito, hoy el país no tiene una estrategia nacional dedicada exclusivamente a combatir la trata de personas, como sí ocurrió cuando hubo un alza en el trasiego de drogas, secuestro u homicidio. El vacío es alarmante y beneficia a los tratantes. Pelear sin una estrategia clara contra un monstruo que devora sin culpa a nuestras hijas e hijos es una batalla destinada al fracaso.

Ante esa inacción, la sociedad civil se movilizó junto con la clase política aliada. No podíamos esperar más a que la solución se generara por sí sola. Empresarios, activistas, sobrevivientes, religiosos, ateos, hombres y mujeres interesados en el tema, pedimos que los políticos encargados de encaminar este país nos escucharan en un foro abierto. Lo hicimos el 19 de febrero en la Cámara de Senadores y el 20 en la Cámara de Diputados. Tuvo por título Foro Red Global de Desarrollo Sustentable y su máxima fue “Un camino para aprender”.

Ahí aprendimos, por ejemplo, las cifras que dio Santiago Nieto, fiscal en la Secretaría de Hacienda: entre 2014 y 2018 se registraron más de mil 970 reportes de movimientos financieros, probablemente relacionados con trata de personas. Y los números del subsecretario Alejandro Encinas, aliado de esta causa desde sus tiempos como mi compañero en la Cámara de Diputados: cuatro estados del país aún no tienen una comisión interinstitucional contra la trata de personas.

Aprendimos de la importancia de tener una agenda global para defendernos de este delito, como dijo Raza Jafar, fundador de la Red Global. De la alianza que se teje para erradicar este flagelo desde El Vaticano en palabras de monseñor Marcelo Sánchez Orondo. De la intención de empresarios mexicanos de crear una certificación “antiexplotación” de la mano de ONG; y de cómo la legislación mexicana es un referente internacional en el mundo, entre otros aprendizajes.

También aprendimos que tener una ley antitrata de avanzada en México, celebrada en el mundo, no puede ser el único instrumento. Que esa lucha continúa defendiendo la ley de quienes quieren cambiarla para proteger a los tratantes de cuello blanco y negro y que, para hacerlo, hay que tomar la palabra de las decenas de legisladores que acudieron al foro y se comprometieron con las víctimas, como la diputada Anita Sánchez, Mariana Rodríguez, la senadora Nancy de la Sierra y más.

De nuestro aprendizaje colectivo deberá crearse esa estrategia nacional que tanto nos urge, con más leyes y tácticas que salgan de la sociedad civil, los servidores públicos y, especialmente, de la experiencia de las sobrevivientes.

Hoy cuesta trabajo imaginar un delito tan infame como la trata de personas. También cuesta pensar que no hay una estrategia nacional contra ello. Pero después de emprender el camino de aprender, y de articular gobierno con sociedad, muy pronto será fácil imaginar otra cosa: los días en que los fuertes no son ellos, sino nosotros.

Todos los que combatimos monstruos para salvar a nuestras hijas e hijos de la trata de personas. Denuncias en el teléfono: 018005533000.

*Activista social

 

Contacto:

Twitter: @RosiOrozco

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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