Juntos Podemos es una marca que engloba, en realidad, el trabajo encabezado por Josefina Vázquez Mota con migrantes mexicanos en Estados Unidos y está financiado por las asociaciones AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. Entre ambos entes, han recibido del gobierno federal poco más 1,000 millones de pesos. Ese monto supera varias veces el presupuesto del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que realiza la misma labor de Juntos Podemos, pero en todo el mundo y con solamente un presupuesto de 83 millones de pesos.

Las transferencias iniciaron en el 2014, cuando se otorgaron 66 mil dólares, es decir poco más de un millón de pesos, a Parents Alliance Inc. El siguiente año recibieron 14 millones de dólares y en el 2016, AEM-USA Foundation recibió 486 millones de pesos y Parents Alliance Inc. 846 millones de pesos. La pregunta elemental es, cuál es la razón por la que se determinó que era necesario que estas organizaciones fueran apoyadas con esa cantidad de recursos públicos para una actividad que ya realizan instancias del gobierno mexicano. La otra es, por supuesto, sí esos recursos se utilizaron para el fin al que fueron otorgados.

En el informe previo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para 2015, se reporta una auditoría de desempeño al Instituto de Mexicanos en el Exterior, es decir para evaluar las políticas de dicha agencia, en el que en general, de acuerdo con el órgano fiscalizador, este cumple bien su tarea. El resultado de la auditoría refuerza la duda sobre las razones de que se haya decidido que fuera una asociación privada, no la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la principal encargada de apoyar a los migrantes en Estados Unidos. Falta, claro, que la ASF audite a las organizaciones privadas y a las personas físicas que utilizaron dichos recursos, para fiscalizar que su uso se haya apegado a la normatividad correspondiente. Esto es, el correcto ejercicio de recursos públicos por parte de Juntos Podemos, AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc., no han sido auditados.

Cuando uno acude a encuentros con migrantes, yo asistí a uno hace unas semanas en Phoenix, se puede constatar el trabajo de varios años, tanto del Instituto de Mexicanos en el Exterior, como del personal de los consulados. Es evidente que se trata de personal del servicio exterior bien capacitado y comprometido, que tiene como principal obstáculo, la falta de recursos para realizar mejor su tarea de apoyo y protección a migrantes. Sin embargo, no se escucha nada del trabajo realizado por Juntos Podemos. Es claro el trabajo que realizan muchas organizaciones de migrantes y de activistas de derechos humanos en apoyo a los mexicanos, pero no el trabajo de Vázquez Mota, que es la única que ha contado con apoyo presupuestal por parte del gobierno mexicano. Es decir, en la tan compleja coyuntura en la que se encuentran en riesgo millones de mexicanos, nos damos cuenta que, en lugar de fortalecer a los consulados y a las organizaciones de migrantes, gastamos el dinero de apoyo a migrantes en dos extrañas agencias privadas que maneja una ex candidata presidencial.

Es probable que fuera de los sindicatos y de organizaciones semi estatales, como la Confederación Nacional Campesina y similares, ninguna organización privada haya recibido un monto siquiera cercano a los 1,000 millones de pesos. Conocemos muy poco de la manera como esos recursos se han gastado, la SRE sólo ha informado de los montos, cuando es también responsable de dar seguimiento al ejercicio de los mismos, de acuerdo a los convenios celebrados. En realidad, se trata de un esquema que permite gastar, con un enorme margen de discrecionalidad y fuera de los controles a los que se somete el gasto público, cientos de millones de pesos. Se trata también de una decisión política. Si uno recibe una cantidad así, como resultado de una transferencia discrecional por parte del gobierno federal (no se trata de recursos para los que se concursa en un esquema con una convocatoria pública), entonces uno también comparte las políticas del gobierno. Es decir, este apoyo a la organización de la candidata del PAN al Estado de México, sin duda pone en duda la supuesta crítica del Partido Acción Nacional a las acciones del gobierno mexicano en su relación con Trump y el nuevo gobierno de Estados Unidos.

El asunto de los dineros de Josefina pasa por varios temas. Uno es la posibilidad que tiene el gobierno mexicano de transferir a una organización privada recursos mucho mayores a las de las propias dependencias públicas. Otro, es que lo podemos hacer sin que nuestras autoridades de control las auditen con oportunidad. Uno más, es que México en realidad no se preparó para contar con una red de defensa de los mexicanos en Estados Unidos; como el tema no era en realidad relevante, se decidió subrogarlo a una ex candidata presidencial, posiblemente para corresponder a un favor político. Ahora, cuando Josefina Vázquez Mota es la candidata panista al Estado de México, es todavía más urgente que un órgano independiente de fiscalización, como la ASF, audite el ejercicio de estos recursos. Se trata de un tema central para la salud de la democracia electoral mexicana.

 

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