EL GASTO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONSISTEN EN REALIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS rebasará, el año entrante, los 630,000 millones de pesos (mdp), el equivalente a poco más de 3.4% del PIB, según se establece en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Sólo que más de 60% de esos recursos se otorgará a través de programas sin reglas de operación, es decir, sin un control claro de quién recibirá el dinero ni de sus resultados.
En 2008, cuando se crearon las reglas de operación para programas sociales, el gasto ejercido fue cercano a 300,000 mdp. En los años siguientes, aumentó a un máximo de 400,637 mdp en 2014. En contraste, lo programado sin reglas de operación fue de 248,751 mdp en 2009 y, el máximo, de 442,512 mdp en 2015.
Las reglas de operación son un candado para asegurar que los programas sociales resuelven un problema, tienen objetivos claros y cuenten con metodología para darles transparencia y ser medidos, pero ha sido notorio que el presupuesto para programas sociales sin reglas aumenta al acercarse elecciones federales.
En 2020, el gasto sin reglas de operación será el segundo más grande, con 401,967 mdp. “Un programa puede llevar lineamientos para funcionar, pero no siempre tiene reglas de operación. Eso lo hace vulnerable a corrupción y mal desempeño”, dice Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
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De 109 programas de transferencias contemplados para el próximo año, 58 no cuentan con reglas de operación; en tanto, los 51 programas que sí cuentan con ellas recibirán únicamente 229,476 mdp, la cifra más baja desde que se instauraron reglas.
Los programas con reglas de operación deberían ser prioritarios en la recepción de recursos, dice Alejandra Macías Sánchez, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Un problema con los programas sin reglas es que sus resultados tampoco pueden compararse de un año a otro. Un ejemplo es la pensión para adultos mayores, que tenía reglas; pero éstas quedaron desfasadas al hacerse universal el beneficio en este gobierno. Como no se han emitido nuevos criterios, los expertos temen que no se podrán conocer avances o retrocesos en la eficacia del programa. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tenían, en conjunto 55,000 mdp, y sin reglas de operación.
“Los programas prioritarios tienen subejercicio de 30%, contra lo programado en 2019. No hay reporte claro de beneficiarios”, dice Macías.
Las reglas permiten delimitar a la población beneficiaria. Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, estimaba un universo de 2.3 millones de beneficiarios. Pero el dinero que se le destinará en 2020 es menor en más de un tercio contra el de este año: de 40,000 mdp a 25,619 mdp.
“Jóvenes Construyendo presenta un recorte en su presupuesto, y quiero pensar que es resultado de un análisis de cómo ha estado operando: Se calculaban 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. De ese universo, la mayoría son mujeres, y algunas están cuidando niños porque tienen un trabajo no remunerado y no pueden contratarse en un empleo. Todas esas complicaciones reducen la población objetivo”, concluye Macías.
