Este martes comenzó la primera parte del proceso para elegir a las cuatro personas que sustituirán a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que terminan su cargo el próximo 4 de abril. El protocolo siempre ha estado politizado, sin embargo se espera que los próximos nombramientos no sean “correa de transmisión” o voceros de los partidos, de acuerdo con un experto.

Para la elección de los nuevos consejeros, que estarán en su cargo por nueve años, la Cámara de Diputados emitirá una convocatoria con los plazos correspondientes y el registro de aspirantes; posteriormente se integrará un Comité Técnico conformado por dos elementos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dos personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres representantes de la Cámara baja.

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Dicho comité de evaluación entregará cuatro listas de cinco aspirantes para ocupar los cargos, con los perfiles técnicos más adecuados, entre los cuales al menos deberá haber dos mujeres. Luego, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro escogerá a los candidatos, los cuales deberán ser elegidos por las dos terceras partes del pleno, según detalló el INE.

La tarde de ayer, el Inai dio a conocer el listado de candidatos que podrían ocupar los dos lugares en su representación en el comité de evaluación, donde están contemplados; Hugo Concha Cantú, José Martínez Vilchis, María Soledad Loaeza Tovar, Ana Laura Magaloni Kerpel, Irma Méndez de Hoyos, Lourdes Morales Canales, José Roldán Xopa y Arturo Sánchez Gutiérrez.

Hasta el momento el proceso se ha llevado conforme a la norma, las características de la convocatoria para elegir al comité técnico son más precisas que la pasada, además los plazos son más amplios, por lo tanto hay una mejora respecto a procesos pasado, indicó Nicolás Loza Otero, experto en temas electorales.

Una vez que las listas de los aspirantes estén en manos de los diputados, entrará la negociación política, donde la última palabra la tendrá la bancada de Morena, puesto que tiene la mayoría en el pleno, sentenció el también investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

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Proceso de elección de los consejeros electorales. / Foto: Twitter INE.

En este proceso los partidos intercambian las listas como si fueran fichas y van vetando a los candidatos, que son elegidos por el comité técnico por su capacidad, ya sea por cuestiones de rivalidad política, cuestiones personales, precedentes que los hacen indeseables u otros parámetros de ese tipo, refirió.

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Lo que si no debería de ocurrir es que el nombramiento recaiga en personas que no sólo son afines, sino son ‘correas de transmisión’, que actúan como voceros o peones de algún partido”, advirtió.

Hay mucha diferencia entre un perfil como el de Rosario Piedra Ibarra, quien llegó a la CNDH con un partidismo abierto en favor de Morena, que incluso fue candidata del partido; a diferencia de alguien que no tenga militancia, que posea conocimientos electorales y tenga cierta cercanía con Morena.

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Proceso de elección de los consejeros electorales. / Foto: Twitter INE.

El hecho de que elijan a personas que no tengan los conocimientos suficientes en materia electoral y tengan una relación directa o abierta con algún partido político le bajaría el perfil al órgano autónomo, insistió.

Recortes que debilitan al Estado

No se puede asegurar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere debilitar al INE o atentar contra su autonomía, ya que a una gran mayoría de órganos autónomos se le han reducido su presupuesto, sin embargo podría haber cierta animadversión adicional en contra el órgano electoral, refirió Loza Otero.

Por ejemplo, tanto al INE como a su consejero presidente, Lorenzo Córdova, han sido señalado por el ejecutivo por no aceptar una baja a los sueldos, sin embargo, López Obrador se no se expresado de la misma manera con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que el presidente de este órgano mantiene cierta afinidad con la actual administración, explicó.

Estos recortes no sólo debilitan al órgano electoral o a los institutos autónomos, sino que afectan a las capacidades del Estado mismo y sus ramos especializados, lo cual se justifica como una medida para triangular a funcionarios que usan mal los recursos, detener los gastos ostentosos o ser drenaje de corrupción, sentenció el experto.

 

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