Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuviera a Luis Vizcaíno Carmona, ex director jurídico de la entonces delegación Benito Juárez, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito y aparentemente formar parte de un supuesto “cártel inmobiliario”, Forbes México comprobó que el ex servidor público tiene vínculos con empresas inmobiliarias.
De acuerdo con un documento obtenido en el Registro Público del Comercio, Vizcaíno Carmona y Carlos Alberto Murad Coss son accionistas a partes iguales de la empresa Construcciones LVB S.A. de C.V., cuya constitución fue formalizada el 12 de julio de 2017 ante el notario público número 89, Gerardo Correa Etchegaray, ubicado en la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
El objeto social de la empresa es, entre otros, la compra, venta, arrendamiento, diseño, ejecución de construcción en general, urbanización, lotificación, constitución del régimen de propiedad en condominio, comercio de bienes inmuebles “ya sean edificios, centros comerciales, comercios, bodegas, conjuntos habitacionales, casas habitación y de cualquier otro tipo, indistintamente tanto para la administración pública como para particulares”.
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De acuerdo con un perfil de LinkedIn, Carlos Murad Coss forma parte de Grupo Opptare, cuya misión, según su portal de internet, es la “gestión y desarrollo en materia de arquitectura, construcción, comercialización, remodelación y supervisión de proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales cumpliendo las expectativas mediante modelos de negocios íntegros y éticos”.
En su página web, Grupo Opptare tiene registro de los desarrollos inmobiliarios en los que ha participado, ya sea en diseño, construcción o comercialización, o en los tres procesos. La mayoría de sus desarrollos inmobiliarios están ubicados en la alcaldía Benito Juárez. Por ejemplo, Cordobanes 54, colonia San José Insurgentes, proyecto que fue promocionado en el perfil de Facebook LVB Residenciales, cuyo nombre coincide con Construcciones LVB S.A. de C.V, la empresa de la que Luis Vizcaíno Carmona y Carlos Murad Coss son socios.
El 29 de agosto de 2018, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) resolvió, tras una denuncia ciudadana, que el inmueble de Cordobanes 54 incumplía con el uso de suelo que le correspondía, que es de 3 niveles y 20% de área libre, observando que el desarrollo inmobiliario constaba de 4 niveles y no tenían área libre.
El portal de Grupo Opptare anuncia en preventa un desarrollo inmobiliario en José María Rico 146, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con una base de datos de la alcaldía, el 19 de junio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación expidió la constancia de alineamiento para el predio ubicado en el predio antes mencionado en favor de Inmobiliaria TVL.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la constitución de la empresa Inmobiliaria TVL S.A. de C.V. fue formalizada el 27 de marzo de 2019 ante el notario número 89, Gerardo Correa Etchegaray, el mismo ante el cual se formalizó la constitución de Construcciones LVB S.A. de C.V, de la que Luis Vizcaíno y Carlos Alberto Murad Coss son socios.
En el acta constitutiva de Inmobiliaria TVL S.A. de C.V aparecen como accionistas Alfredo Rodríguez Hernández y Miguel Luis Manzano Méndez. Como administrador único de la empresa aparece Carlos Alberto Murad Coss, el socio de Vizcaíno en Construcciones LVB S.A. de C.V. De hecho, en el acta constitutiva de Construcciones LVB S.A. de C.V aparece también aparece Miguel Luis Manzano Méndez, pero como comisario de la compañía.
Nebraska 173 es otros de los desarrollos inmobiliarios de Grupo Opptare. En un documento de la alcaldía Benito Juárez, fechado el 17 de septiembre de 2019, se menciona a Carlos Alberto Murad Coss como encargado del predio, y a Miguel Luis Manzano Méndez como apoderado legal.
Sobre este predio, la PAOT tiene abierto el expediente PAOT-2020-2768-SOT-642 por “actos, hechos y omisiones” como “la realización de una construcción que no cumplió con el procedimiento de publicitación vecinal, no cuenta con los permisos necesarios, rebasa los niveles, no respeta el área mínima permeable, aunado a la afectación de 4 individuos arbóreos”.
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Actualmente, Luis Vizcaíno Carmona se encuentra recluido en el Reclusorio Norte en espera de que se inicie el procedimiento legal en su contra toda vez que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo detuvo el sábado 30 de julio en la colonia Del Valle por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito y su aparente relación con lo que desde hace años vecinos de la demarcación han llamado “cártel inmobiliario”.
Luis Vizcaíno fue director general jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez de 2009 a 2016, en los gobiernos de Mario Palacio y Jorge Romero, hoy diputado federal. La Fiscalía lo vincula con 39 inmuebles “aparentemente relacionados con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, del que probablemente forma parte el aprehendido”, según palabras del vocero de la dependencia, Ulises Lara López.
Uno de los 39 inmuebles, abundó el vocero, “es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México”. Aunque no lo mencionó por su nombre, podría referirse a Christian von Roehrich de la Isla, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2015 a 2018, y actualmente es legislador local.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Luis Vizcaíno estaría vinculado con un modus operandi que consistía en que, aprovechando el cargo público que ostentó de 2009 a 2016, otorgar permisos de construcción irregulares, que en algunas ocasiones violaban el uso de suelo, a cambio de que las empresas constructoras le entregaran departamentos.
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“Existen indicios de que ‘Luis N’, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, informó Lara López el sábado pasado. Y añadió que estas acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico tanto de la demarcación como del partido político en el que milita (PAN)”.
El lunes pasado, hace dos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al hablar del caso, dijo que se trató de “un modus operandi en donde estas personas que eran parte de la administración pública de Benito Juárez autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más aunque fuera ilegal a cambio de que hubiera departamentos para ellos. Es un modus operandi de algunos funcionarios que utilizaron su poder para enriquecerse ilícitamente y generar este boom inmobiliario asociado a corrupción”.
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