En México aproximadamente 71.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, que representa 57.3% del total de la población, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

La carencia por acceso a la seguridad social es uno de los indicadores que se utilizan para determinar si una persona se encuentra en situación de pobreza, junto con la carencia por acceso a los servicios de salud, el rezago educativo, la calidad y los espacios de vivienda, el acceso a la alimentación y a servicios básicos en la vivienda. 

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Pero el número de mexicanos sin acceso a la seguridad social es el indicador que mostró una menor evolución positiva en la serie de 10 años de la medición de pobreza de este organismo autónomo, toda vez que en 2008 72.5% de la población no contaba con acceso a estos servicios, en tanto que el año pasado se detectó que 71.7% de la población no cuenta con seguridad social. 

La poca evolución de la cobertura de seguridad social a los habitantes del país está relacionado directamente con la informalidad y la precarización del empleo en el país. 

En ese sentido, las autoridades encargadas en medir la pobreza en el país insistieron en la importancia de establecer medidas de combate a la informalidad laboral e incluso centrarse en la habilitación de una política enfocada en la seguridad social universal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las actividades informales integran alrededor del 28% del Producto Interno Bruto (PIB) en México. 

“Hay un consenso muy amplio sobre la necesidad de una reforma para generar un sistema de seguridad social universal, Coneval ha recomendado que esta es la única forma de resolver la informalidad.  Tenemos un sistema fragmentado”, detalló John Scot Andreta, investigador del Coneval.

Otra variable que condiciona la pobreza de los habitantes del país es el promedio de ingresos de los mexicanos. 

El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica alimentaria en el primer trimestre de 2019 fue del orden de 38.7%. En tanto que el ingreso real promedio de la población ocupada a nivel nacional ascendió a 4,183.40 pesos mensuales. 

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Diversas organizaciones enfocadas en la promoción del trabajo digno han señalado que estas condiciones laborales son producto de normas contradictorias y lagunas legales que posibilitan estas violaciones, omisiones y complicidad de autoridades que las permiten, modelos de negocio que las promueven y reproducen; y se han registrado desde varias décadas en el país.

 

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