El ejército de México parece estar asegurando solo un puñado de laboratorios activos de drogas por mes, pese a la presión de Estados Unidos para acabar con el tráfico de fentanilo, y las instalaciones que ya estaban fuera de uso representan el 95% de las incautaciones de este año, según cifras de la Secretaría de Defensa obtenidas por Reuters.
Reuters reveló en marzo que México había revisado drásticamente al alza el número de redadas de laboratorios desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines del 2018, al incluir en su lista de incautaciones a cientos que estaban inactivos. En ese momento, la agencia de noticias no pudo establecer qué porcentaje de los laboratorios allanados estaban operativos cuando fueron decomisados.
Nuevos datos obtenidos por Reuters en agosto de la Secretaría de Defensa de México (Sedena) después de una solicitud de información muestran que de los 527 laboratorios allanados por el ejército de México en los primeros siete meses del año, sólo 24 laboratorios, o menos del 5%, estaban “activos”.
El conjunto de datos también reveló un patrón similar en los primeros cuatro años y medio de la administración de López Obrador, con laboratorios inactivos que representaron el 89% de las 1,658 redadas realizadas por el ejército desde que el presidente asumió el cargo hasta agosto de este año. Los datos no especificaban cuánto tiempo habían estado fuera de uso los laboratorios.
Asfixiar el flujo ilícito de fentanilo procedente de México se ha convertido en una prioridad para el presidente estadounidense Joe Biden, que aumentó la presión sobre el Gobierno de López Obrador para que intensifique la búsqueda de laboratorios clandestinos en suelo mexicano.
Agregar descubrimientos de laboratorios inactivos -que pueden haber estado abandonados durante años- al recuento de incautaciones en México tuvo el efecto de inflar el historial de López Obrador en medio de la presión de Washington, dijo Guillermo Valdés, jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México entre 2007 y 2011.
“La SEDENA está tirando su prestigio alterando las cifras. ¿Quién les va a creer después de esto?”, dijo Valdés, quien criticó la estrategia de seguridad de no intervención de López Obrador.
La presidencia de México y la Sedena no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia.
Después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre, para discutir la migración y el narcotráfico, López Obrador, quien antes afirmó que el fentanilo no era un problema mexicano, dijo que su país está comprometido “sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas y más que nada la entrada del fentanilo y otros químicos”.
Casi todos los laboratorios enumerados en el conjunto de datos de la Sedena de agosto estaban etiquetados como instalaciones de metanfetamina, y no se informó sobre laboratorios de fentanilo, en línea con las declaraciones de México hasta hace poco de que no se estaba sintetizando fentanilo en el país, una afirmación ampliamente rechazada por Washington y traficantes. México había afirmado que la droga sintética provenía de grupos criminales en Asia.
Los nuevos datos de agosto que no mostraban laboratorios de fentanilo contradecían un video presentado por la Sedena en una conferencia de prensa del Gobierno en abril, en la que se dijo que los funcionarios habían localizado 37 instalaciones donde los precursores de etapa final se convertían en fentanilo terminado y se prensaban en pastillas.
La Sedena no respondió a las preguntas de Reuters sobre por qué esas instalaciones no aparecen en el conjunto de datos obtenido por Reuters.
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Un funcionario de la Sedena que habló con Reuters bajo condición de anonimato dijo que las organizaciones criminales a menudo dejan los laboratorios inactivos entre rondas de síntesis de drogas, lo que significa que un laboratorio clasificado como “inactivo” en el conjunto de datos de agosto podría haber sido usado para producir drogas nuevamente si no fue allanado por la Sedena.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) remitió las preguntas de Reuters sobre los datos al Departamento de Estado, que dijo que estaba trabajando con México para “fortalecer la eficacia de nuestra cooperación en materia de seguridad” y reconoce los retos de México en la incautación y desmantelamiento de laboratorios.
Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Reuters que México y Estados Unidos estaban trabajando codo a codo para abordar el tráfico de fentanilo, y “estamos agradecidos por el compromiso que asumió el presidente López Obrador para enfrentar este desafío a través de esfuerzos internos” y con socios extranjeros.
Sin embargo, otro funcionario estadounidense dijo a Reuters que México no informa a Estados Unidos cuántas redadas de laboratorios de la Sedena se llevaron a cabo en laboratorios en funcionamiento versus redadas en instalaciones desiertas.
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, dijo que el informe de Reuters “simplemente refuerza cómo los datos están siendo manipulados para aplacar a Estados Unidos sin un esfuerzo realmente serio para actuar contra (…) la producción y tráfico de fentanilo”.
Su opinión fue compartida por el senador republicano Chuck Grassley, copresidente del grupo de control internacional de narcóticos del Senado.
Las cifras sugieren que México está “librando una guerra imaginaria contra las drogas diseñada para ganar puntos políticos en lugar de salvar vidas”, dijo Grassley, un republicano conservador.
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Denuncias redadas a laboratorios inactivos por parte de SEDENA
Los informes de la Sedena sobre los datos de redadas de laboratorios fueron inconsistentes en los últimos años, con modificaciones frecuentes en el número total de laboratorios allanados, según una revisión de Reuters de más de 20 conjuntos de datos publicados por la SEDENA a través del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde principios de 2022.
El conjunto de datos de agosto, que especifica que la mayoría de los laboratorios allanados estaban inactivos, es consistente con documentos militares internos sobre laboratorios inactivos, de los que Reuters informó por primera vez en marzo.
Reuters no pudo encontrar ninguna respuesta a las solicitudes de transparencia antes de la publicación de datos de agosto, en las que los militares indicaban que había laboratorios inactivos entre sus redadas.
Una semana después de que Reuters le pidiera a la Sedena que comentara sobre los hallazgos de esta historia, el 11 de diciembre el INAI publicó una versión actualizada de lo que parecían ser en gran medida los mismos datos, pero la columna que indica laboratorios activos o inactivos fue cambiada para mostrar todos los laboratorios etiquetados como “activos”, contradiciendo los datos de agosto.
Las redadas de laboratorio anteriores a agosto presentadas en el conjunto de datos, que fue solicitado por Reuters el 15 de noviembre, eran por lo demás casi idénticas a las presentadas en el conjunto de datos de agosto, y los datos incluían 339 redadas de laboratorio más desde agosto hasta finales de octubre de este año.
La Sedena no respondió a más preguntas sobre por qué todos los laboratorios allanados han sido reclasificados recientemente como laboratorios activos. Reuters está buscando aclarar el conjunto de datos de diciembre con el INAI, incluyendo una explicación de las discrepancias en las dos respuestas, así como el aparente cambio en la clasificación y los criterios utilizados para determinar si un laboratorio está activo o inactivo.
Los descubrimientos de laboratorios inactivos a veces están vinculados a la colusión entre los cárteles y figuras del ejército, según dos traficantes y dos extraficantes, quienes dijeron que no les sorprendían los informes sobre el descubrimiento de tantos laboratorios inactivos.
Dos traficantes del norteño estado Sinaloa, un punto crítico del fentanilo, dijeron a Reuters que era común que el cartel entregara drogas o ubicaciones de laboratorios a soldados amigos que filtraban información sobre acciones militares planeadas contra grupos criminales.
Uno de los traficantes, que pidió no ser identificado, dijo que las redadas en los laboratorios eran a menudo “puro show”.
Los cuatro traficantes dijeron que los miembros del cártel construyen relaciones de “quid pro quo” (reciprocidad) con los comandantes del ejército, sobornando a los soldados y ayudándolos a impresionar a sus superiores a cambio de cooperación en operaciones militares y protección de bienes valiosos.
Margarito Flores, un excapo estadounidense que fue un estrecho colaborador de El Chapo antes de convertirse en informante del gobierno de Estados Unidos en 2008, dijo a Reuters que el cártel solía hacer acuerdos con comandantes militares en el terreno, incluida la entrega de pequeños laboratorios de metanfetamina, bajo el entendido de que no tocarían a los laboratorios más grandes.
“Los intercambios ocurrían mucho”, dijo Flores, refiriéndose a su tiempo con el cártel.
Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los traficantes, quienes no citaron casos específicos ni identificaron a los comandantes militares involucrados en tales acuerdos. La SEDENA y otras agencias policiales no respondieron a solicitudes de comentarios.
Al asumir el cargo, López Obrador cambió la política de seguridad de México, abandonando la anterior estrategia de “capos” que se centraba en capturar a los principales jefes, pero que contribuía a que la violencia se disparara en todo el país. Estaba a favor de un enfoque menos conflictivo que intentara abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza.
Con información de Reuters
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