México no cuenta con justicia transicional como lo afirmó la Secretaria de Gobernación (Segob), ya que no se está combatiendo la impunidad, sostuvo Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos. 

“Lo que tenemos en México actualmente no es justicia transicional, a pesar de que así se le llame desde las instituciones del Estado, porque no hay una visión de combate a la impunidad. Lo que hay es una visión, en el mejor de los casos, de administrar el dolor y la desesperación de las víctimas”, refirió en conferencia de prensa este jueves. 

En respuesta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que la entidad a su cargo ha destinado todas sus actividades y política pública para lograr justicia transicional durante su administración.

Algunos de los elementos con los que cuenta el gobierno federal para alcanzar dicho estado son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Búsqueda, así como las comisiones estatales de búsqueda, detalló el pasado lunes 6 de enero durante la presentación del reporte de fosas clandestinas y desapariciones en México. 

La titular de la Segob también destacó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa y la aprobación de la Ley de Amnistía en el Cámara de Diputados, que también será discutida en el Senado de la república.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido méritos en la materia, como haber reconocido el problema de justicia y violencia que enfrenta el país, pero no ha sido consecuente con ello, remarcó la ex consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión Nacional de Búsqueda es un paso importante pero carece de recursos para enfrentar la “enorme tarea” que tiene por delante, subrayó Acosta Urquidi en compañía del también ex consejero de la CNDH, Alberto Athié Gallo, y el activista Javier Sicilia. 

 “(Justicia transicional) es un término muy traído y llevado pero que se está desvirtuando”, acusó. 

La definición

Este concepto consiste en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas, las cuales no pueden ser atendidas por las organizaciones de justicia del Estado porque no tiene la capacidad o la voluntad para ello, definió. 

“(La justicia transicional) aparece cuando las instituciones originarias de justicia se colapsan y cuando hay situaciones de violaciones graves y masivas de derechos humanos. México no es la excepción”, delineó. 

Este proceso se ha dado en varios países latinoamericanos, como Argentina después de la caída de la dictadura en los años 80, incluso Perú y Túnez, pero México no es ejemplo de ello, destacó la activista. 

Este tipo de justicia resuelve el problema de impunidad a través de un mecanismo coordinado para restituir la verdad y la confianza en las instituciones. “Es una manera de reconstruir el Estado de Derecho y eso es lo que hace muchísima falta en nuestro país”, aclaró. 

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Además de lograr que los perpetradores de los crímenes rindan cuentas y sean sancionados debidamente, se les debe de reparar el daño a las víctimas, así como impedir que se repitan situaciones de esta índole, detalló Acosta Urquidi. 

En este país, remarcó la defensora social, las víctimas se siguen multiplicando, y son sus familias las que buscan solas y sin apoyo de las Fiscalías a sus familiares, cuando son las instituciones del Estado las que deberían de hacer ese trabajo

Los discursos y medidas burocráticas no van a resolver el problema que atraviesa México, se requiere de una política gubernamental sólida y bien construida como se ha hecho en otras partes del mundo, donde las comisiones de la verdad han traído justicia y reparación del daño, subrayó. 

“(En tales naciones) los niveles de homicidio y criminalidad han disminuido, y prueba de ellos son muchos de los países de nuestra región; Perú es uno”, mantuvo. 

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