El gobierno mexicano no va a permitir la integración de agregados laborales en la embajada de Estados Unidos en México, si estos tienen el objetivo de indagar en conflictos específicos de empresas mexicanas, advirtió Jesús Seade, subsecretario para América del Norte.

Ayer trascendió que la Embajada de Estados Unidos en México anunció que busca un agregado en esta materia, lo que genera diversas inquietudes, sobre todo por la insistencia de la Cámara de Representantes para establecer que inspectores de ese país vigilaran el cumplimiento de las normas laborales en las empresas mexicanas.

“Lo normal es que ellos deciden que quieren tener un agregado en cierto terreno y ya que lo deciden nos consultan y normalmente tiene que haber la aprobación de la Cancillería, hace unos pocos meses hubo un agregado adicional en materia de seguridad para informarse (…) esto es lo mismo, simplemente que es un poco especial porque parece relacionarse a lo que acaba de aprobar o suena a inspector, es algo que no vamos a aceptar si tiene el cariz que es negativo”, detalló Seade.

Además, aseguró que este agregado cultural no estaba integrado en el acuerdo modificatorio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se firmó el martes pasado.

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En caso de que los “agregados laborales” tengan un objetivo más general, como apoyar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en la aplicación de la Reforma Laboral, como se ha solicitado en los últimos meses, el gobierno mexicano daría su visto bueno para su integración, aseguró Seade al concluir una comparecencia ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores de América del Norte, de Puntos Constitucionales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social.

Está previsto que esta tarde se apruebe el dictamen para ratificar las enmiendas que se integraron al acuerdo comercial entre los tres países y más tarde pase al senado para su discusión y análisis.

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Estas modificaciones establecen que se integrará un procedimiento que permitirá que, en caso de una denuncia en materia laboral en algún país, las autoridades de ese país −en el caso de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)− contarán con 85 días para examinar el caso y tratar de resolverlo.

En caso de que no se resuelva la situación denunciada, se integraría un panel que estaría conformado por tres panelistas, uno de Estados Unidos que sería elegido dentro de una lista por autoridades mexicanas, otro de México elegido por sus contrapartes estadounidenses y un tercero de otro país neutral, que podría ser Canadá, pues también se acordó un sistema similar.

 

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