La negociación para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a concluir de la misma forma en que empezó: con presiones fuertes del país gobernado por Donald Trump para tratar de atenuar la balanza comercial con México, así como “elementos de competencia desleal” generado por el mercado laboral mexicano de salarios bajos. 

Lo que no consiguieron los negociadores de Estados Unidos en la firma del nuevo tratado comercial entre los tres países en noviembre del año pasado, cuando Enrique Peña Nieto aún era presidente de la República, lo lograron con las modificaciones que se integraron recientemente, advirtió José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial Económico (IDIC). 

“México tuvo que ceder en algunas áreas que había logrado evitar en la negociación y que tuvo que integrar en las últimas negociaciones”, apuntó el especialista. 

Aunque las autoridades mexicanas aseguran que en todos los casos las modificaciones incluidas en esta última etapa de la renegociación del acuerdo comercial no afectan los intereses del país o su soberanía, De la Cruz Gallegos advierte que incluir de último momento reglas de origen al acero y aluminio que se funde en América del Norte, tendrán un impacto negativo para las inversiones en el país. 

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El documento que resume los “retos y logros en la negociación adicional del T-MEC”, distribuido por el gobierno federal, establece que se negoció un periodo de transición de siete años para que 70% del acero que se utiliza en autos sea fundido en la región, en tanto que en un plazo de 10 años se abrirá una vez más la discusión sobre la propuesta de que 70% del aluminio sea fundido en la región. 

“México importa mucho de estos materiales de Asia del Este, pero ahora si tiene que aumentar el contenido regional en éstos, va a tener que avanzar en el sector”, advierte. 

Respecto a las modificaciones en materia laboral, en las que los negociadores mexicanos aseguran haber obtenido buenos resultados respecto a la postura inicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el director del IDIC asegura que existen elementos que podrían indicar que hay “presunción de culpabilidad”. 

“Si alguna de las partes acusa a otra en la parte laboral de que hay cierto incumplimiento con los términos o los derechos laborales y eso afecta a sus inversiones y comercios de los países, puede llamar a este panel pero la presunción es de culpabilidad y la parte a la que están llamando va a tener que demostrar que no es cierto”, afirmó. 

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El procedimiento que permitirá que, en caso de una denuncia en materia laboral en algún país, las autoridades de ese país −en el caso de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)− contarán con 85 días para examinar el caso y tratar de resolverlo.

En caso de que no se resuelva la situación denunciada, se integraría un panel que estaría conformado por tres panelistas, uno de Estados Unidos que sería elegido dentro de una lista por autoridades mexicanas, otro de México elegido por sus contrapartes estadounidenses y un tercero de otro país neutral, que podría ser Canadá, pues también se acordó un sistema similar.

“México es el más presiones que había enfrentado en esta negociación, al final del día se se generan estos mecanismos en los paneles, la presión es que al que están acusando va a tener que demostrar que no es culpable, va a obligar a que México tenga que responder a estas demandas que e van a hacer”, apunto el especialista.  

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