La Defensoría del Espacio Público (Dadep) de Bogotá, Colombia adjudicó el pasado 30 de abril un millonario contrato a la firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S (Eucol) por 107.265 millones de pesos para explotar durante 15 años el mobiliario urbano de Bogotá.
La adjudicación le ha generado ruido a la alcaldesa Claudia López y concejales denunciaron que el proceso tiene supuestas irregularidades. Esta licitación, que viene desde diciembre del 2019, cuando aún estaba el alcalde Enrique Peñalosa, se suspendió en dos ocasiones por considerar que había un detrimento para la ciudad.
Básicamente, los reclamos han venido desde antes de la adjudicación de este millonario contrato de los concejales Rubén Torrado, de la U; Martín Alzate, del partido Verde, el mismo de la alcaldesa, y de Jorge Colmenares, del Centro Democrático.
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Martín Alzate, por ejemplo, señaló que “históricamente el contrato ha estado en manos de la misma empresa” y que, en su criterio, esa compañía no compensa a la ciudad por los ingresos brutos que podría tener al vender la publicidad en los más de 3,000 paraderos que tiene la ciudad. “Mientras que a San Francisco (EU) le dan el 55 % de la publicidad exterior visual, a Medellín, el 15,6 %, o Cali, el 12 %, en Bogotá se estructuró un contrato en el que el que gane solo debe dar a la ciudad anualmente 2.157 millones de pesos (7,5 %). Antes era del 15 %. No podemos seguir haciendo contratos que benefician a unos pocos”, señaló Alzate.
Por la misma línea, Jorge Colmenares, concejal del Centro Democrático, acusó al Distrito de no tener en cuenta que Eucol, la firma que ganó el contrato, “cobra 20 millones de pesos por mover los avisos instalados, cuando a precio de mercado es de 911,000 pesos”.
Además, le dijo a Forbes que “hubo una expedición de adenda que eliminó la evaluación económica, la media geométrica y la aritmética alta, lo que conlleva al que el ganador fuera el de mayor valor para la entidad”.
“Como Concejal puse en conocimiento de la Fiscalía esas presuntas irregularidades y de la Contraloría Distrital para que haga seguimiento a la ejecución del contrato”, señaló Colmenares.
Desde antes de la adjudicación, la Defensoría del Espacio Público ha defendido el proceso. Sobre el dinero que será girado al Distrito por la empresa, señala que esa “cifra que podrá ser superior, teniendo en cuenta que el cálculo anual de la retribución total, se da a partir de multiplicar las ventas brutas anuales del concesionario, por el porcentaje ofertado correspondiente al 7.75 %”.
Sobre el estudio de las supuestas irregularidades, la entidad señaló que “ante el avanzado estado del proceso de esta licitación, lo que hizo esta administración, entre otros, fue apoyarse en expertos para que a través de un concepto altamente especializado en derecho bancario, financiero y contractual se pudiese adoptar una decisión objetiva, rigurosa y diligente”.
Para la Defensoría, el proceso es transparente: “Todo el proceso adelantado, en su mayor parte, por la administración anterior, ha sido público desde el inicio, y todos los documentos soportes de la licitación se encuentran en la plataforma SECOP II.
Con este contrato el Distrito dispondrá del 15 % de la totalidad de paneles adjudicados para brindar información institucional, adicional el Distrito contará con 3.091 espacios de transmisión en pantalla interactiva y con un 15% de espacios de divulgación vía digital a través de la conexión wifi, disponible en los paraderos interactivos”.
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