Reuters.- El Papa Francisco aprobó nuevas normas para las compras y gastos en el Vaticano dirigidas a reducir los costos, garantizar una competencia transparente y disminuir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos.
Una Carta Apostólica y 30 páginas de una nueva normativa publicada el lunes son la culminación de un proceso de cuatro años para racionalizar los procedimientos de gasto y hacer frente al nepotismo y el favoritismo.
Éstas llegan cuando la pandemia del coronavirus ha causado estragos en las finanzas del Vaticano, forzándolo a implementar algunas de las medidas de control de costos más duras de la historia.
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En su carta, Francisco dijo que las nuevas normas permitirían “reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
La nueva normativa exige procedimientos muy detallados y transparentes para la adjudicación de contratos de bienes y servicios. La mayoría de los contratos del Vaticano son con empresas italianas.
Documentos filtrados durante el pontificado del predecesor de Francisco, el Papa Benedicto, mostraron que un departamento del Vaticano pagó a una empresa constructora italiana una cantidad exorbitante para construir una escena del nacimiento en la Plaza de San Pedro.
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Un cambio importante es la institución de una lista única de proveedores aprobados para todos los departamentos del Vaticano, mientras que antes cada uno tenía su propia lista.
El profesor Vincenzo Buonomo, rector de la Universidad Pontificia de Letrán, dijo a la página oficial de noticias del Vaticano que esta medida ayudaría a eliminar el favoritismo y aseguraría una competencia justa y una economía de escala.
Fuentes del Vaticano han dicho que en el pasado, por ejemplo, tuvieron que comprar material de oficina de una empresa que había sido utilizada durante años, a pesar de que estaba disponible por menos dinero en otros lugares.
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Buonomo dijo que las nuevas normas harían que el Vaticano cumpliera plenamente con la Convención de Mérida de las Naciones Unidas contra la corrupción, que la Santa Sede firmó en 2016.
Giuseppe Pignatone, un exfiscal italiano que ahora dirige el sistema judicial del Vaticano, dijo que las normas dan a los funcionarios judiciales el poder de suspender contratos sospechosos.
