Nayarit es un triste ejemplo de la infiltración criminal en las áreas de seguridad y de procuración de justicia. La detención de Yayori Villasana por los presuntos delitos de desaparición forzada, es un ejemplo de ello y que además tiene el rasgo de lo inaudito, ya que ella era la responsable, en la Fiscalía General del Estado, de combatir ese flagelo.
Desde hace años, familiares de víctimas y colectivos de búsqueda alertaron sobre el perfil de la funcionaria, pero no les hicieron caso.
Por fortuna, en la FGR se tomaron en serio el problema y lograron una captura trascendente, por todo lo que puede implicar en lo que se refiere a las indagatorias sobre personas de las que no se sabe su paradero.
Se tiene que reconocer que hay una alta captura de los bandidos sobre servidores públicos, notoriamente en la fiscalía, pero también en las policías estatales y municipales.
La situación de las desapariciones en Nayarit tuvo su epicentro en 2017. El fiscal Edgar Veytia “El Diablo” tenía el control absoluto de la seguridad, diversas reformas legales le habían dado un poder inmenso.
Veytia estableció una estrategia de comunicación en la que se ponderaban supuestos logros y pacificaciones cosméticas. El estado en realidad había sido cooptado por células criminales de lo que fue el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
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Todo esto estalló por los aires cuando Veytia rompió con sus socios para aliarse al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía del Estado, de acuerdo con el análisis de contexto que elaboró la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, operó para detener y ejecutar a los antiguos socios, distribuir la mercancía de los nuevos aliados y reclutar personas que sirvieran al CJNG.
El 9 y el 10 de febrero se implementó el operativo Barcina, en el que cayeron abatidos Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, y Daniel Isaac Silva Gárate, “El H9”, jefes de plaza de los Beltrán Leyva. Todo avanzaba para el plan ideado por el fiscal para obtener mayores beneficios de las rentas extraídas a los mercados ilegales.
A finales de marzo, Veytia fue detenido en San Diego, California, donde se le acusó de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos.
La caída de Veytia cimbró a los poderes políticos y criminales en Nayarit y desató una violencia inaudita. Entre julio y septiembre desaparecieron 150 personas, el 79.4% del total anual de 189. De septiembre a diciembre asesinaron a 164 personas, muchas de ellas por disputas de rivalidad criminal.
Uno de los rasgos de esta situación radica en la participación de elementos de las corporaciones de seguridad en la escalada criminal.
Los análisis de la Comisión Nacional de Búsqueda plantean que muchos de los problemas de violencia que siguen azolando a Nayarit, provienen justamente de los coletazos de una disputa, a nivel territorial, entre grupos del crimen organizado. Un drama, por dónde quiera que se le vea.
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