El efecto total de los créditos que no pudieron pagarse pese a los programas de diferimiento alcanza 107,000 millones de pesos, equivalentes al 10% de los financiamientos acogidos en los programas originales de apoyo instrumentados por la banca y los reguladores.
Así lo señaló Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Durante su participación en la inauguración de la 84 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) , el funcionario detalló que, en octubre, la CNBV examinó el efecto de los programas de diferimiento y reestructura de créditos, lo cual dio como resultado tres grupos de clientes: los que podrían reactivar los pagos, los que requerían una reestructura de las condiciones del crédito y los acreditados que no podrían hacer frente al pago.
A enero de 2021 se reportan créditos por 890,000 millones de pesos acogidos a las facilidades, de los cuales 83% se mantienen vigentes, 12% fueron reestructurados y están vigentes con revisiones contractuales y disminuciones en los pagos y 5% corresponden a cartera vencida, de clientes que no pudieron seguir pagando.
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“El efecto en los índices de morosidad de los créditos amparados en los criterios contables especiales que no pudieron seguir pagando comenzó a resentirse a partir de noviembre del año pasado. En noviembre, el IMOR (índice de morosidad) registró un nivel de 1.4% para pasar a 5.3% en enero del presente ejercicio, esto último se explica por el impacto de los créditos que ‘despertaron’ en octubre y que no pudieron acreditar el pago sostenido”,
El funcionario destaca que los créditos al consumo acogidos en el programa tuvieron un índice de morosidad a enero de este año fue de 12% comparado con un 3.4% de la cartera comercial. Ese comportamiento impulsó un alza del IMOR de toda la banca en enero, explicó.
“La fortaleza de la banca permitió hacer frente a las pérdidas y deterioro de la cartera conforme el periodo de diferimiento fue terminando, las reservas crediticias aumentaron”, detalló.
Juan Pablo Graf Noriega explicó que la decisión de no repartir dividendos por parte de los bancos contribuyó a que el sector tuviera más herramientas para hacer frente a la situación.
“Los apoyos regulatorios fueron complementados con la facilidad del uso de buffers de capital y liquidez, el esfuerzo de la banca permitió el apoyo a clientes y familias sin que eso representara un debilitamiento de los bancos”, añadió.
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