La iniciativa de reforma varios artículos constitucionales y de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) plantea que se cancelen todos los permisos de generación eléctrica otorgados.
También prevé derogar los contratos de compraventa de electricidad y de diversas figuras de generación privada, así como las solicitudes pendientes de resolución.
En este “nuevo sistema eléctrico” se cancelarían los Certificados de Energías Limpias (CEL) que debe adquirir la Suministradora de Servicios Básicos de la CFE a compañías privadas.
La iniciativa de reforma señala que la CFE fue excluida de este negocio pese a que sus centrales generan 55% de la energía limpia del país.
A la par, acusa que se le prohibió a la empresa estatal participar en la subastas eléctricas de largo plazo de energías limpias, mientras que ha pagado a generadores privados 6,159 millones de pesos.
En ese sentido, la transición energética del país, quedaría a cargo de la CFE, por lo que el Ejecutivo le ha instruido impulsar dos grandes proyectos de energía limpia: renovación de maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico en Sonora.
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“La CFE será responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta”, indica la iniciativa presidencial.
Agrega que por su importancia para la transición no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios.
Privados, bajo control de la CFE
La iniciativa determina que ahora la participación de privados en el sector se sujetará a la planeación, control y regulación a cargo de la CFE.
Lo anterior, en busca de garantizar en todo momento la continuidad de la generación de electricidad para la prestación del servicio público en general.
En el documento en todo momento se hace alusión en varias ocasiones a los “monopolios de privados” que se crearon a partir de la reforma energética del sexenio pasado, los cuales dejaron a la CFE sólo 38% de la participación en generación del consumo eléctrico nacional, por lo que ahora se busca elevarla a 54%.
“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar en la generación hasta con el 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE”, señala la iniciativa.
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Con los cambios, la CFE, encabezada por Manuel Bartlett Díaz, pasa de ser un jugador más en el sector a tener las riendas. Para la eléctrica nacional se van a eliminar las subsidiarias que la dividen, a excepción de la de Telecomunicaciones e Internet para Todos, así como CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital.
Además, la empresa estatal incorporaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
“El sistema eléctrico impuesto por la reforma de 2013, no es un sistema de libre competencia, es un mecanismo que establece con figuras ilegales monopolios privados y generadores independientes parasitarios que viven de la CFE, de la que extraen recursos para crear nuevos negocios”, resalta.
Explica que esto se ha dado a través de cuatro modalidades de generación privada: productores independientes, sociedades de autoabastecimiento, subastas de largo plazo y centrales construidas tras la reforma energética.
De acuerdo con los cálculos de afectación del gobierno, la pérdida por la energía no despachada de la CFE por priorizar la de los privados es de 215,000 millones de pesos y de casi 223,000 millones por la energía que les tiene que comprar a éstos.
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