El grupo estadounidense de cabildeo energético Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) denunció un trato discriminatorio a empresas de su país por parte de las autoridades mexicanas, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La asociación teme que las acciones emprendidas por la actual administración violen los compromisos que México acordó tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como en su nueva versión, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, en inglés).

“Nos preocupa que las acciones recientes tomadas por el gobierno de México debiliten este marco y discriminen a los inversionistas estadounidenses en violación de los compromisos que México acordó tanto en el TLCAN como en la USCMA”, declaró el presidente y CEO de la asociación, Michael J. Sommers, en una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

López Obrador y su equipo energético han criticado los cambios en el sector derivados de la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto y aunque prometieron respetar contratos y no cambiar la Constitución, han implementado cambios administrativos en la regulación que han afectado las inversiones privadas.

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El grupo dijo que los inversionistas estadounidenses enfrentan dificultades para obtener permisos de nuevas estaciones o su reconversión de marca, para almacenamiento e importación de combustibles, terminales de líquidos y de gas natural licuado.

Las empresas con inversiones en el mercado minorista de gasolina y diésel, advirtió, han enfrentado obstáculos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo cual ha prolongado los procesos administrativos para otorgar permisos, que por ley deben resolverse en 90 días, además de que se les solicita información adicional fuera de la regulación establecida.

También señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha clausurado dispensarios de gasolineras por infracciones inexistentes o menores, además de realizar inspecciones rutinarias con la presencia de la Guardia Nacional.

Otro caso que citó el grupo son las afectaciones por la Política Pública de Almacenamiento, la cual obliga a contar con un inventario de cinco días de combustible, pero los actores privados no han podido construir sus instalaciones ante los “injustificados retrasos” para otorgar los permisos.

API recordó que la CRE, presidida po Vicente Melchi, desreguló en diciembre de 2019 las ventas mayoristas de combustible de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) antes de reducir su participación de mercado a 70%, aunque la firma mexicana todavía posee 90%.

Las compañías importadoras de combustibles desde las refinerías estadounidenses enfrentan rechazos, restricciones y retrasos en los permisos por parte de la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle.

La dependencia energética publicó un anteproyecto en febrero de 2019 para endurecer los requisitos de importación. El subsecretario de hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel Torres, dijo que este año cancelarían permisos.

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“Estos ejemplos parecen ser acciones discriminatorias contra las compañías miembros de la API que contravienen los compromisos del Tratado Nacional para la protección de inversiones”, agregó Sommers en el documento dirigido a los titulares de los departamentos de Estado, Energía, Comercio y la Oficina del Representante de Comercio del gobierno de Donald Trump.

Con sede en Washington DC, API tiene más de 600 miembros y reporta ingresos por más de 200 millones de dólares.

“La misión de API es promover la seguridad en toda la industria a nivel mundial e influir en las políticas públicas en apoyo de una industria de petróleo y gas natural estadounidense fuerte y viable”, detalla el grupo energético en su sitio web.

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