El protocolo ‘Mesa Segura’ presentado el pasado miércoles por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) busca adelantarse a la autoridad ante el riesgo de que se les impongan medidas no viables o incluso para prevenir corrupción, aseguró su presidente, Francisco Fernández, presidente nacional de la agrupación.

Durante una presentación sobre la industria restaurantera, comentó que el protocolo busca ofrece condiciones para dar confianza a los usuarios para regresar a consumir a esos establecimientos.

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“Lo que queremos es adelantarnos a la autoridad porque no queremos que se impongan reglas que no son aplicables para la generalidad de los restaurantes. Desgraciadamente en México hay mucha corrupción, lo que no queremos es darle a la autoridad o a un sector que al rato nos vayan a revisar y nos vaya a salir no solamente la afectación, tengamos una nueva norma más que cumplir.

“Entonces nosotros nos adelantamos responsablemente a proponer una serie de medidas que pensamos son suficientes para establecer espacios seguros, higiénicos y darle la confianza que el cliente nos pide”, expuso.

Entre las acciones que plantea Mesa Segura destacan el uso de cubrebocas por parte de meseros, montar la mesa hasta la llegada del comensal, uso de menús desechables o digitales, sanitizar todas las áreas antes de la reapertura y distribución más estricta del trabajo en la cocina en caso de no poder ofrecer los 1.5 metros recomendados.

En la conferencia, organizada por la consultora Deloitte, señaló que uno de los principales desafíos será precisamente la confianza, por lo que llamó a todos los participantes del sector a mantener la comunicación con sus clientes para explicarles las medidas que tomarán los comercios.

Una de las medidas que más rechazan los restauranteros es la de mantener operación reducida en las entidades que se encuentren en semáforo anaranjado, pues para ellos resulta poco rentable.

Pronostican el cierre de 100 mil restaurantes

La Canirac señaló que según datos del Inegi, en el país se cuenta con alrededor de 673 mil unidades económicas para la venta de alimentos preparados, de los cuales hasta 15%, unos 100 mil, podrían cerrar definitivamente tras la crisis, expuso Fernández.

“Va a haber menos jugadores y eso va a dar la impresión de que nos recuperamos pero no va a ser cierto, al haber menos jugadores vamos a sentir que nuestras ventas mejoraron, pero habremos perdido al final el 15% de esos establecimientos, calculamos que puede haber 300 mil empleos que se pierdan”, comentó.

 

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