Instituciones financieras se han sumado al análisis del impacto de la reforma eléctrica que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y destacan las controversias que generaría en el marco del T-MEC, así como los retos a los que se enfrenta el gobierno para la aprobación de la iniciativa al requerir mayorías calificadas en el Congreso.
El área de análisis de BBVA apunta que la contrarreforma favorece desde el marco normativo a la CFE en perjuicio del resto de los competidores, muchos formados a partir de inversión extranjera provenientes de contrapartes comerciales dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de otros acuerdos comerciales.
En ese sentido, refiere que en lo que concierne al T-MEC, la iniciativa del Ejecutivo se contrapone a los capítulos 14 (Inversión) y 21 (Política de Competencia), “por lo menos”, dice BBVA.
Respecto al capítulo 14, indica que, por ejemplo, el artículo 14.4 establece que cada parte dará un trato no menos favorable a los inversionistas del resto de las partes, que se otorgue a sus propios inversionistas respecto al establecimiento, adquisición, expansión, operación, venta, u otras disposiciones de inversiones.
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“En un sentido similar, el artículo 14.5 indica que cada parte, es decir, cada uno de los países que signaron el T-MEC, otorgará un trato no menos favorable a los inversionistas del resto de los firmantes del tratado, que el que otorga a los inversionistas domésticos, independientemente si estos sean o no empresas gubernamentales como es el caso de la CFE”, explica la institución financiera.
Mientras, el artículo 14.10 impide que alguna de las partes imponga condiciones, requisitos, compromisos u obligaciones para adquirir, utilizar o dar preferencia a un servicio suministrado localmente; así como tampoco restringir ventas de un servicio dado por las inversiones realizadas; “lo que podría ser el caso de favorecer a la CFE ya que muchos demandantes de este servicio estarían obligados a sólo recibir el servicio de esta empresa”.
En relación al capítulo 21, en este se compromete a que las partes aseguren que las políticas de competencia traten no menos favorablemente a las personas de alguna de sus contrapartes.
Mayoría calificada requerida
Banorte, a su vez, prevé que ante la necesidad de cambios constitucionales, la reforma eléctrica podría enfrentar retos para su aprobación.
“Debemos recordar que para que este tipo de iniciativas sean aprobadas se requiere una mayoría calificada (2/3 partes del total de legisladores) en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como más del 50% de las legislaturas locales”, resalta el análisis económico de Banorte.
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En este contexto, Morena (el partido del presidente) y sus aliados en las elecciones de este año (PT y PVEM) controlan 277 escaños de la Cámara de Diputados., por lo tanto, necesitarían al menos 57 legisladores más de otros partidos.
En el Senado, asumiendo que a esta coalición se le sumaran los cuatro senadores del PES, tendrían 78 escaños, lo que resulta en 8 legisladores menos de los necesarios.
“En cuanto a los Congresos locales, Morena y sus coaliciones sí cuentan con el control en la mayoría requerida, por lo cual probablemente no sería un reto para su aprobación”, expone.
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