La Comisión de lo digital, cultura, medios y deportes (DCMSC) de la Cámara de los Comunes del Reino Unido presentó el pasado domingo un informe detallado y extenso sobre el papel que jugaron las redes sociales y las fake news durante el Brexit, además del caso de Cambridge Analytica, la intervención Rusa y los casos de la siembra de contenidos durante los procesos electorales en Argentina, Nigeria, Trinidad y Tobago entre algunos otros países.

Previamente, Demian Collins, presidente de dicha comisión, envió una serie de preguntas a Facebook, que fueron respondidas por Rebecca Stimson, jefa de políticas públicas de la plataforma en el Reino Unido.

En los cuestionamientos, Collins preguntaba sobre qué tanto presupuesto destinaba la red de Mark Zuckerbeg a la investigación sobre el impacto de los anuncios políticos, cuántos habitantes del Reino Unido recibieron contenidos que llegaban de otros países (como Rusia) o si sabían la cantidad de anunciantes políticos que utilizaban su plataforma.

En todos los casos, Stimson evadió las respuestas o dijo simplemente desconocer los datos, tanto de anunciantes, como de dinero invertido o de personas alcanzadas, lo cual resulta difícil de creer, puesto que si bien las campañas son de autoservicio, es decir, los usuarios pueden promover una publicación dentro de la misma plataforma sin la intervención directa de un representante de la compañía, se necesitan datos de segmentación del público meta como quién verá el anuncio, dónde está, qué intereses tiene y qué tipo de publicación verá, además de los montos invertidos. Es difícil creer que la plataforma no sepa cuánto dinero está entrando o cuántos anunciantes tiene.

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Incluso, cada anunciante tiene acceso a estadísticas automatizadas del rendimiento de sus publicaciones donde se explica claramente quién las vio, a qué hora, si interactuó o no, desde qué ciudad o país, si es hombre o mujer, qué edad tiene entre muchos otros datos.

En respuesta, el Parlamento Británico propuso crear una serie de medidas y sanciones para que las redes sociales fueran mucho más cuidadosas con las fake news y colaboraran de una manera mucho más abierta con las autoridades.

Ante la situación, la plataforma ha declarado muchas veces que ellos no son ni editores, ni productores de contenido y que su intención no es definir el término de verdad, son simplemente una plataforma pasiva donde las personas publican lo que desean.

Sin embargo, dicha pasividad ha podido intervenir en los procesos electorales de muchos países, ya que si bien es cierto que son las personas las que publican, también lo es que existe una ausencia de normativas que regulen las inversiones publicitarias que hacen organizaciones con fines electorales.

Una de las principales propuestas es la creación de un término para definir las actividades de Facebook, un término medio entre editor y plataforma de contenidos, que revierta la pasividad que alude la red social y que pueda permitir una mejor legislación, haciéndolos copartícipes en la distribución de fake news.

Además, se propone crear un registro de anunciantes políticos y que los anuncios políticos deban tener un sello digital, tal y como sucede con la propaganda impresa, además de elevar las multas por fraude electoral. Incluso se plantea la posibilidad de crear un impuesto especial para las redes que sirvan para financiar educación en materia tecnológica.

Las propuestas del parlamento británico si bien son duras, representan una alternativa para combatir las noticias falsas en los procesos electorales, sobre todo en el contexto actual, en el que las redes son la primera fuente de información para muchas personas que se enfrentan a toneladas de información totalmente falsa que pretende dirigir el curso de la opinión pública y la percepción sobre los actores políticos. En el país, se antoja necesaria una discusión seria al respecto.

 

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