Para enfrentar la crisis que afecta al país, el Gobierno de Nicaragua presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que pretende elevar el Impuesto sobre la Renta (IR), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias. Wálmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), explicó que el Gobierno, en un intento por paliar la abrupta caída de la economía a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país, busca recaudar 10,168 millones de córdobas, el equivalente a 313.3 millones de dólares, que en promedio representa el 2.3% de Producto Interno Bruto. Por lo que el diputado se mostró confiado en que la Asamblea Nacional, que aceptó estudiar la propuesta, terminará aprobándola esta misma semana. Esta propuesta, presentada por Iván Acosta, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), incluye incrementos  en las Rentas del Trabajo de un 25% a las dietas, el doble de lo establecido actualmente, en el impuesto a las exportaciones de un 1.5%, cuyo monto actual depende de cada producto, y los servicios pagados en el exterior que pasarán de un 15% a un 25%. Puedes leer: Comercio entre Nicaragua y Costa Rica muestra cifras negativas Entre los cambios principales que propone el Gobierno está también el incremento a las IR a las grandes empresas, que pasarían a pagar un 1% a un 3%, y a las empresas mediana que de un 1% pasarán al 2%, y que las regalías por derecho a extracción minera pase del 3% al 5%, así como eliminar las deducciones. Además, las rentas de capital, de ganancias y de pérdidas de capital, así como fideicomisos y fondos de inversión pasarán a pagar de un 10% a un 15%, y los casinos entre 1.5 dólares y 18.4 dólares por cada máquina o mesa, dependiendo de su clasificación. Respecto al IVA, la propuesta es elevar el ISC sobre los cigarrillos hasta un 70% en 2021 y que las bebidas alcohólicas, vinos y cervezas, ahora paguen 1.5 dólares por litro de alcohol absoluto, además del 15% a las gaseosas, refrescos y bebidas energéticas, que todavía pagan un 9%. Adicionalmente propuso incrementar entre 5 y 10 puntos porcentuales a “mercancías contaminantes, suntuarias y de bajo valor nutricional”, en dependencia de la tasa actual. Esto acontecimiento ocurre a meses de que una reforma de ley similar que intentaba ser aplicada al Seguro Social desatara en abril del año pasado la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas dejando un saldo de aproximado de 325 a 561 muertos y 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios, de los cuales el Gobierno reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas, golpistas y delincuentes comunes”. Por su parte el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis. La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional.

 

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