El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, no es responsable de incurrir en conflicto de interés, haber omitido aspectos en su declaración patrimonial ni tráfico de influencias, de acuerdo con la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

En septiembre de este año la SFP abrió un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses de Bartlett Díaz, derivada de una denuncia ciudadana a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

Previo a esta denuncia, una investigación periodística señaló a Bartlett de poseer a través de familiares y prestanombres 25 propiedades, algunas ubicadas en Lomas de Chapultepec, la Roma, Reforma y Polanco, y en total con un valor aproximado de 800 millones de pesos.

En contraste, la declaración patrimonial del director de la CFE detallaba que su patrimonio asciende a 51 millones de pesos y tiene ingresos anuales por 11 millones.

Bartlett Díaz no se encontraba obligado a presentar el reporte patrimonial de Julia Abdalá Lemus, con quien mantiene una relación sentimental, ya que no formalizado legalmente su unión, explicó la titular de la SFP.

A partí del del 1 enero, cuando entre en vigor Ley general de responsabilidades administrativas, será cuando lo funcionario públicos estén obligados a reportar los vienes de las personas con la que mantienen un vínculo sentimental, explicó.

Tras las 33 denuncias ciudadanas presentadas contra Bartlett Díaz, se demostró que no tuvo injerencia en la administración y control de las empresas durante la temporalidad que las denuncias indicaron, refirió.

Las empresas por las que fue señalado el titular de la CFE pertenecen a sus hijos y la persona con la mantiene una relación sentimental, sin embargo Bartlett Díaz no ha intervenido en ningún modo en los asuntos relacionados con las empresas como la celebración de algún contrato, abundó.

Debió a que los hijos del titular de la CFE son mayores de edad y económicamente independientes, el funcionario no tuvo la obligación de reportar las propiedades que poseen sus descendientes, refirió.

La titular de la Función Pública rechazó categóricamente que se proteja o blinde a persona alguna de justicia, ya que se actuó como lo indica el marco normativo aplicable.

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, sentenció.

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