Ante el peligro latente que han alertado autoridades federales y organizaciones civiles sobre violencia de género y doméstica durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, hay una serie de procedimientos y derechos que pueden seguir las mujeres que sufran alguna situación de este tipo.

El gobierno de la Ciudad de México indicó sobre un aumento en el número de carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya que pasó de un promedio de 380 indagaciones al inicio de 2020 a 716 para finales de febrero.

En tanto, el promedio de llamadas al 911 para denunciar actos de violencia en casa paso de un promedio de 228 denuncias en su primera semana a 412 para la finales del primer bimestre de 2020, indicaron las autoridades locales.

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Ante este panorama, es importante que sepan las mujeres violentadas en casa que tiene derecho a órdenes de protección de acuerdo al artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, indicó el Asesor Jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Domínguez.

Dichas órdenes de protección son diferentes a las otorgadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque algunas veces las autoridades las confunden, ya que las de la Ley General de Acceso son pensadas para mujeres víctimas de violencia, reiteró el jurista.

Las autoridades de primer contacto son el personal de salud o seguridad pública, por lo que tienen la obligación de atender a las mujeres y evaluar la situación de violencia: si es de emergencia o preventiva, indicó Rodolfo Domínguez.

Si el caso es clasificado como emergencia, es decir cuando la vida de la persona esté en peligro, la autoridad en cuestión tendrá que canalizar a la víctima con el Ministerio Público o el juez correspondiente para que se dicten las medidas de protección; pero si la situación es preventiva, se lleva a la fiscalía local para la atención de la víctima y su asesoramiento, abundó el experto en entrevista con Forbes México.

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Ante ello, hay cinco medidas mínimas que deberán realizar las autoridades judiciales para proteger a la víctima, la primera de ellas es el aviso por escrito y de manera personal al agresor, para que se le advierta que de continuar con los actos violentos puede ser acreedor a una sanción, incluso de carácter penal, reiteró el representante de la organización.

También se le deberá prohibir al perpetrador el acercamiento a la víctima, además de establecer cualquier tipo de comunicación con ella. De igual manera, se le dotará a la persona agredida de un número de protección para que en caso de necesitarlo, se le atienda de manera inmediata, apuntó.

La quinta medida es rondín policiaco, con lo cual a la víctima debe saber que cuenta con el apoyo de las autoridades. Este conjunto de medidas tienen el objetivo de alejar al provocador de la persona que sufre la violencia, sentenció.

Más adelante, la agredida podrá tener acceso a otros servicios, como la atención psicológica, la capacitación laboral, préstamos de dinero o algún programa social diferente.

En cuanto a la obligación que tienen las autoridades con las víctimas, el representante Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio refirió que deben acudir al llamado de las violentadas, entrevistarse con ellas, evaluar el riesgo.

Recordó que tanto el poder judicial como las fiscalías son quienes están naturalmente competentes para otorgar las órdenes de protección a las víctimas, lo cual deberán facilitar sin la necesidad de que haya una denuncia de por medio u otro proceso legal anterior.

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“La denuncia puede ser un riesgo para las mujeres porque el nivel de impunidad que hay es alto. En la mayoría de los casos no va a pasar nada, lo que te ayuda es que te protejan”, subrayó el experto en leyes.

Por la emergencia sanitaria se pueden ver afectados los procesos legales debido a la falta de personal, por ello indicó que es imperativo que las autoridades implementen un modelo o un protocolo para agilizar este proceso, el cual de realizarse vía electrónica podría tomar algunas horas.

“Lo que necesitamos es que las autoridades asuman su responsabilidad de proteger a las mujeres, asegurar su integridad y seguridad mediante mecanismos fáciles y sencillos, y que no se burocratice”

 

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