La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que es poco clara la certeza jurídica del decreto por el que se dispone de las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública en las calles, lo cual podría ser riesgoso para el respeto y garantía de los derechos humanos
Luego de que este lunes fue publicada la determinación en el Diario Oficial de la Federación, el cual permite que elementos de las Fuerzas Armadas ejecuten tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
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Dicho acuerdo, entró en vigor el día de hoy y concluirá su vigencia el día el 27 de marzo de 2024.
En ese sentido, la CNDH consideró insuficiente los términos de extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria dentro del documento oficial, lo cual no cuenta con certeza jurídica y claridad sobre la actuación de tales cuerpos de seguridad nacional.
Por medio de un comunicado, la comisión subrayó que en las leyes mexicanas como la Constitución política, Ley del Uso de la Fuerza o a Ley de la Guardia Nacional no se establece de manera clara cómo se deben entender los términos antes mencionados, por lo que la indefinición es un riesgo para los derechos humanos.
Indicó que dicha ambigüedad en el texto podría permitir un esquema de participación permanente de estos elementos en función de la seguridad pública, lo cual es contrario a la carta magna y la obligaciones del Estado.
“Por eso insistimos en que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención”, remarcó.
Recordó que la participación de estos cuerpos de vigilancia nacional en labores de seguridad pública debe ser vigilada por mecanismos legales y protocolos sobre el uso de fuerza.
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“Hemos de recordar que el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura”.
Por ello, insistió en la necesidad de fiscalizar la intervención de las fuerzas armadas por parte del Congreso de la Unión, la sociedad civil y los organismos competentes y autónomos.
Aseguró que dará seguimiento a la participación de las fuerzas armadas conforme al carácter de organismo constitucional autónomo, así como por su responsabilidad de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
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