Hace seis años las principales fuerzas políticas de ese entonces, anunciaban un histórico entendimiento en forma de una agenda común de gran calado para el país. Bajo el llamado Pacto por México, el acuerdo de “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” se proponía un “… Sistema Nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante autoridades competentes por actos de corrupción”.

Los escuetos planteamientos esbozados en el Pacto para combatir la corrupción se tradujeron en la propuesta del PRI de crear una “Comisión Nacional Anticorrupción”, la cual había sido planteada por Peña Nieto desde que era candidato presidencial. Esta nueva institución sustituiría a la Secretaría de la Función Pública y entre sus facultades estaría la de atraer casos de corrupción estatal y municipal relevantes a nivel nacional. Lo que después vendría sería un largo camino enmarcado por la campaña #3de3 impulsada por ciertas organizaciones de la sociedad civil, y que desembocaría en un paquete de siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgadas por Peña Nieto en julio 2016, en un discurso cuya nota predominante fue el reconocimiento del error de la Casa Blanca.

Del lugar 105 de 176 países evaluados por Transparencia Internacional en 2012, México cayó al lugar 138 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018. Con ello, México aparece entre los países peores evaluados en América Latina, se ubica en el último lugar de países de la OCDE y, junto con Rusia, es el peor evaluado del G20. Resultan aún más demoledor el análisis de esta organización, quien señala que, en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos los resultados en México son prácticamente inexistentes. En suma, en México hemos fracaso en desmantelar redes de corrupción.

No sorpresivos, pero si preocupantes resultan estos datos. Recordar el discurso anticorrupción a inicios del sexenio peñista resulta importante porque estamos ante el surgimiento de una nueva narrativa en torno a este fenómeno. Es evidente que el problema de corrupción fue determinante para el triunfo a favor de Morena y su candidato presidencial en las elecciones de 2018. Sin embargo, conforme avanzan los días del nuevo Gobierno federal se hace más evidente las disonancias entre el acento del Sistema Nacional Anticorrupción que se implementa a nivel nacional y casi en todos los estados con los Sistemas Anticorrupción Estatales, y la concepción de este problema desde la visión del nuevo gobierno federal.

Mientras el Sistema Nacional Anticorrupción se fundamenta en la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, el presidente sintetiza la corrupción como un problema de valores y principios en la política y la relación pervertida entre intereses políticos y económicos. Los resultados que arrojan indicadores como el IPC 2018 obligan a plantearnos cómo embonar el discurso de las instituciones con el de los valores. El acento del nuevo Ejecutivo en la ética y la moral en la esfera pública e individual podría encontrar un espacio de coincidencia en el papel de una ciudadanía proactiva en el Sistema Nacional Anticorrupción. Así también, el aparente interés del Gobierno federal de incluir otras instancias como el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en el Sistema, podría fortalecerlo desde un enfoque de desmantelamiento de redes de corrupción en los ámbitos público y privado y en la arena política, específicamente en lo que respecta al tema de elecciones. Por los enormes costos de la corrupción para los mexicanos es imperativo que lo que se desmantele sean las redes de corrupción y no el Sistema.

 

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