El asesinato de Giovanni López, un joven obrero originario de Jalisco, presuntamente provocado por un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrilos; fue la chispa que encendió las manifestaciones violentas en la capital del estado y una desbandada de denuncias en contra de los elementos policiales a través de redes sociales. 

Pero no se trata de un caso aislado, el uso de la fuerza letal por parte de elementos policiales o integrantes de las Fuerzas Armadas es un fenómeno extendido, impune y poco documentado, el cuál pocas veces generó tantas señalamientos por parte de la sociedad, debido a que se estableció una “narrativa” de estigmatización a los víctimas de estos ataques, advierte Alejandro Madrazo Lajous, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE. 

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“Las autoridades exitosamente nos han convencido de que si alguien era arrestado o era objeto de este tipo de ataques era porque estaba en malos pasos o tenia nexos con el narcotráfico”, señala Lajous en entrevista con Forbes México. 

Entre 2013 y 2018 se registraron  2,751 personas que murieron en cárceles federales y estatales luego de ser privadas de la libertad, de acuerdo con datos del Comité contra la Tortura de la ONU y en un análisis publicado en 2019, este mismo organismo destacó que en 2016, se registraron 3,214 denuncias de tortura, de las cuales sólo ocho dieron lugar a una detención y un juicio. 

La raíz de este problema podría encontrarse en el propio abandono de las cuerpos policiales estatales y municipales de todo el país y la creciente militarización de la seguridad pública.

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“Necesitamos invertir fuertemente en policías y tener la paciencia para construir policías profesionales, debería haber una carrera policiaca y después tenga una estabilidad laboral y prestaciones necesarias, canalizar recursos a los municipios que es donde están la mayoría de las policías, y en vez de eso lo que hacemos es centralizar y en vez de fortalecer estamos debilitando y sustituyendo”, apunta el especialista. 

Madrazo detalla que durante los últimos días la represión policial ha sido objeto de fuertes críticas, pero en un país en donde la seguridad pública se militarizó con la integración de la Guardia Nacional y es constante el uso de la fuerza letal en contra de los civiles, nadie se escandaliza con casos como el de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega por elementos el ejército. 

“Eso nos habla de que como sociedad nos estamos enfocando en solamente en un aspecto y no en todo el problema , que está en la pauperización de los cuerpos policiacos, en la falta de inversión de la policías y la creciente centralización y militarización de la seguridad en México”. 

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El gasto púbico de México en justicia y seguridad interna fue de 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, que representa menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE. 

Cabe destacar que el pasado 11 de mayo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador público un decreto en la Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establecía que las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública durante cinco años en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial; que provocó una serie de señalamientos entre autoridades y especialistas en seguridad nacional. 

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