Por Gustavo Almaraz*

El 15 de diciembre, dentro del plazo legal para hacerlo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, presentó el Paquete Económico 2019, el primero del gobierno que representa la tercera alternancia, en un contexto donde contrastan las altas expectativas y la preocupación de los mercados e inversionistas por las primeras decisiones emprendidas por la nueva administración.

Para 2019, el Gobierno federal tiene estimado gastar un total de 5 billones 814 mil 291 millones 700 mil pesos, que representa un incremento de 6.1% en términos reales respecto al 2018.

Trascendiendo las cifras, lo relevante de este primer Paquete Económico es si la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador logrará comunicar a la sociedad y procesar su discusión de manera transparente, aludiendo a uno de los pilares de la Cuarta Transformación.

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Una primera señal que podría servir como elemento para generar confianza en los mercados es que se prevén variables macroeconómicas conservadoras, entre ellas, el cumplimiento del anuncio prometido de mantener un superávit primario de 1% del producto Interno Bruto (PIB) sin incrementar la deuda pública, ni aumentar o crear nuevos impuestos.

De cara a la posible aprobación del Paquete Económico de manera expedita y con probables mínimos ajustes, habrá retos importantes para los siguientes años.

En el Paquete se estima una reducción de 0.5% en los ingresos del Gobierno respecto a lo recaudado en 2018. El desafío para la nueva administración será garantizar el presupuesto suficiente para implementar su proyecto de gobierno sin comprometer las finanzas públicas.

En ese compromiso de incrementar la base gravable y la recaudación, las Entidades Federativas tendrán también mayores presiones presupuestarias, aun cuando se contempla un incremento de 8.4% en términos reales en las transferencias federales a los estados.

Sin duda, es relevante la inversión en desarrollo social, tal como se privilegia en el Presupuesto de Egresos 2019, pero también lo será evaluar la eficacia de los programas a los cuáles se destinará mayor porcentaje del gasto público, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 68 años y más (100 mil millones de pesos) y el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (que recibirá 44.3 mil millones de pesos). La reducción de más de cincuenta por ciento de programas sociales para maximizar el gasto y la reconfiguración de ello con base en el desempeño, será un tema que deberá evaluarse en el corto plazo a partir de mecanismos confiables para medir su eficacia.

Por último, la reducción presupuestal en áreas estratégicas del desarrollo como la ciencia y tecnología (Conacyt tendrá una disminución presupuestal de menos 12.8% respecto a 2018), medio ambiente (menos 32.1%), agricultura (menos 28.5%) e instituciones públicas de educación superior (entre 1.03% y 3.43%) contrastan con el discurso que promueve un crecimiento integral.

En menos de quince días, antes del 31 de diciembre, el Congreso deberá aprobar el Paquete Económico 2019, donde el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con la mayoría en ambas Cámaras para lograr su aprobación; éste será su primer reto para actuar de manera coordinada y alcanzar las negociaciones pertinentes con los distintos sectores económicos y políticos.

Esta tarea requiere de la más alta responsabilidad y es la primera prueba para el gobierno actual que determinará la relación futura con inversionistas y calificadoras. Dicho proceso será observado cuidadosamente por la sociedad civil, empresarios y miembros de la oposición, en espera de que el combate a la corrupción, la austeridad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, trasciendan el discurso político.

*Presidente del Comité de Legalidad y Estado de Derecho de American Chamber/Mexico.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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