El proyecto de Presupuesto de 2019, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja no únicamente un rompimiento con las prioridades presupuestales de la inercia sexenal, sino también refleja una agenda que no únicamente busca reivindicar a la figura presidencial en términos de las promesas hechas en campaña, sino que también alinea un conjunto de temas que requieren ser fondeados con miras a las elecciones de 2021.

En una primera instancia, la construcción de una gran bolsa para hacer frente a las promesas de campaña, en términos de asignar becas a clientelas que le apoyaron en la elección, pero también para construir una base electoral que le permita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas intermedias, así como para avanzar en el control de las gubernaturas y ayuntamientos que tendrán elección en los años venideros.

Eso implica una estrategia que tiene dos vías, por un lado, recortes importantes en el presupuesto de diversas dependencias y órganos autónomos, donde se refleja una intención no únicamente de animadversión, sino también de acotamiento de las capacidades de aquellas entidades que pueden representar divergencias o contrapesos a la actividad del ejecutivo. Por ejemplo, los órganos autónomos vieron un decremento importante en sus presupuestos, que salen del promedio, con lo que se busca restringir sus capacidades técnicas.

Por otro lado, un proceso de centralización de diversos servicios, mal llamado federalización, comenzando por aquellos de salud, donde más allá de la gran inversión que se requiere para trasladar todos los servicios a espacios de control federal. Las implicaciones de dicha acción en términos administrativos son inmensas, porque la variedad de instituciones de salud que existen en el país es tal y con problemáticas tan variadas, que ni una súper secretaría podría alinear los procesos en un sexenio. El tema se hace más complejo si, como se mencionó recientemente, ocurre lo mismo con educación, pues eso implicaría otro espacio de gran complejidad para regresar las cosas a como estaban en 1993, antes de los procesos de federalización, ahí sí, de la educación.

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Pero al comenzar con los servicios de salud, es imposible dejar de pensar en las implicaciones que eso tiene, en términos de la construcción de clientelas, donde la salud es uno de los pilares de control, no únicamente porque los padrones son más efectivos, sino porque hay incentivos que se asocian expectativas de futuro de las personas, lo que hace dicho control más eficiente.

Finalmente, hay variables en el Presupuesto que no se alcanzan a explicar, como el crecimiento de la deuda y su servicio, aunque se diga que no crecerá; o el costo del petróleo y el dólar, o de los impuestos disfrazados como servicios del gobierno, que no se mencionan como impuestos, con un crecimiento que el Banco de México estima en 1.8% y la inflación en casi 4%; en un contexto donde quien coordina al SAT no tiene experiencia en el área impositiva.

Es por ello que, lo que este presupuesto refleja, es la construcción de una base de apoyo que permita al presidente mantener el control electoral durante los siguientes años. Está bien, cualquier persona en la política lo haría, pero el costo que tiene un proyecto que únicamente concibe el futuro electoral, pero no el futuro real al que se enfrentan las y los mexicanos diariamente, donde las capacidades competitivas del país están siendo debilitadas, con el consecuente beneficio a nuestros competidores.

Habrá que ver qué hace el Congreso con los espacios de negociación que se dejaron abiertos, como la reducción al presupuesto de las universidades, o la clara venganza con diversos gobernadores cuyos proyectos relevantes no aparecieron al final, o la reducción de órganos autónomos y el mismo Poder Judicial, que verán mermadas sus capacidades institucionales.

 

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