La última vez que Ana Laura Díaz González se comunicó con su hijo fue por WhatsApp. Corrían los primeros minutos del mediodía del 19 de septiembre del 2017, cuando recibió un mensaje de Juan Carlos Álvarez Díaz en el que le avisaba, palabras más palabras menos, que se quedaría a estudiar en la cafetería del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

A las 13:14 de la tarde, un terremoto de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, en el aniversario número 32 del peor sismo que tenía registro la historia de esta ciudad.

Y fue ahí cuando esta historia se descompuso.

“Yo mandé un mensaje, pero él no me contestó”, recuerda su madre. El estudiante había muerto, junto con otros cuatro alumnos, durante el derrumbe de los puentes entre el estacionamiento y un edificio de clases, a un costado de la cafetería.

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El Tecnológico de Monterrey admitió que los soportes de aquellos puentes estaban mal construidos, a través de un video publicado en Facebook, el pasado 27 de octubre del año pasado.

Casi cinco meses después de la tragedia, la denuncia para esclarecer sus muertes en la universidad privada más importante de México está en el limbo.

 

Denuncia, detenida

El abogado de los padres de dos alumnos fallecidos detalla en entrevista que la denuncia presentada desde octubre ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, fue turnada a la fiscalía para temas ambientales (Fedapur). “Desconocemos la razón de por qué el procurador haya tomado una decisión de esa naturaleza. Esa investigación se encuentra prácticamente paralizada”, comenta Gabriel Regino, representante legal de dos de las familias afectadas.

Después de varios meses de la tragedia, las autoridades aún discuten si el caso debe llevarlo la Procuraduría o si debe sumarse a una investigación inicial de la delegación Tlalpan. “En esa carpeta de investigación, se les reconoció ya (a los padres) el carácter de ofendidos o de víctimas indirectas de estos hechos. Esa investigación que se lleva a cabo en Tlalpan está más avanzada que la que correspondería a la denuncia presentada por estos padres”.

Su denuncia se presentó para establecer si existieron imprudencias, actuaciones negligentes y omisiones que hayan incidido en la muerte de los dos jóvenes. Aunque se trata de un caso sin precedentes en México, una investigación de esta naturaleza no debe pasar de seis meses, sostiene Gabriel Regino. Requiere, principalmente, de dictámenes técnicos encargados a especialistas en temas estructurales, con una revisión física del lugar, entrevistas a testigos, declaraciones y con base en ello, se determina si hay una responsabilidad penal.

El 2 de agosto de 2017, el Director Responsable de Obra (DRO), Alejandro Diego González del Pliego Olivares, certificó que el Campus tenía todas las condiciones de seguridad para su funcionamiento. “Bajo mi responsabilidad, hago constar que el inmueble descrito cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás normas aplicables, en cuanto a sus condiciones de seguridad estructurales”, detalló la constancia de seguridad estructural, sellada por la ventanilla única delegacional de Tlalpan, con la firma del responsable, Jorge Domínguez.

La institución académica ha entregado a las autoridades información sobre las dos empresas que construyeron los puentes colapsados: Acueductos y Urbanizaciones SA de CV y Acero, Electricidad y Forja (Acefor), para que determinen responsabilidades.

Forbes México solicitó un comentario a la PGJ-CDMX sobre el caso, pero no obtuvo respuesta. 

Otro recurso que presentaron Otilia Berenice Gónzalez Neri, madre de Edgar Michel Azano González Neri, y Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de Juan Carlos, fue una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por supuestas omisiones del gobierno de la Ciudad de México que pudieran haber evitado el desastre en la institución académica.

 

Escombros y justicia

Lo que nos interesa es que se haga justicia, exige el señor Álvarez Blanco. “Allí murieron cinco jóvenes y queremos saber por qué se perdió la vida de esas cinco personas, incluyendo a mi hijo, y si hay algún culpable, que se haga responsable”.

Ante la Comisión, Regino pide para sus representados algo que se denomina derecho de acceso a la verdad, en este caso “¿quién autorizó que entrara maquinaria pesada de manera inmediata a hacer el retiro de escombros?”.

Su abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresa que los protocolos internacionales de protección civil y de salvamento establecen que la entrada de maquinaria y retiro de escombros debe ocurrir hasta las 72 horas después del hecho y luego de que se haya corroborado que no existe la posibilidad de rescatar a alguien con vida. (De acuerdo con versiones de algunos testigos, los cuerpos quedaron maltratados por la entrada de la maquinaria).

El vicepresidente regional del Tec en la Ciudad de México, Rashid Abella, argumenta que no hubo prisa, que no ocurrió así, sino que se hizo una labor de rescate coordinada por las autoridades, desde Marina, Ejército hasta bomberos y personal de seguridad del Tecnológico de Monterrey, con equipos especializados.

Forbes insiste en conocer los detalles de esta operación. Al respecto, Rashid Abella reitera que la ayuda llegaba de muchos lugares, de personas y de equipos especializados, pero reconoce que no cuenta con la información para determinar responsabilidades. “Narrar minuto a minuto, hora por hora qué decisión tomaron, qué pidieron, en qué momento se retiró qué cosa, es algo que no tengo ni siquiera el control de seguimiento como para poderlo externar. Las personas expertas en este tema actuaron y, de acuerdo con su experiencia, sacaron adelante la crisis de rescate, como dictan las normas”.

El padre de Juan Carlos recuerda que aquella tarde al interior del Campus se vivía un ambiente de hermetismo y control sin precedentes, con personal de seguridad vigilando cada movimiento que hacían él y su esposa en las áreas asignadas por la escuela, y sin que pudieran acercarse a la zona del derrumbe.

Al preguntarle si se contrató maquinaria para remover escombros, Abella niega esta posibilidad y comenta que la ayuda llegó, incluso, de vecinos de tiendas cercanas con montacargas y personas que acudieron con gatos hidráulicos.

A las 20:00 horas de aquel 19 de septiembre, la señora Otilia recuerda que apareció transporte con maquinaria pesada. “Venía un trascabo por cada tráiler. ¿Por qué van a meter máquinas si hay gente ahí adentro, entre los escombros?”, se preguntó. También precisa que los guardias de seguridad impedían el acceso a brigadas y voluntarios.

En la Ciudad de México, independientemente de que haya una crisis de esta naturaleza, tiene que haber un mando y una autorización, y si esto no ocurrió así, se tiene que investigar y sancionar a los responsables en la vía administrativa o quizá en la penal, dice Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.

Fue hasta la medianoche cuando personal del Tec le informó que habían encontrado a su hijo, pero la señora Otilia no recibió ninguna clase de apoyo de la universidad para acudir al Ministerio Público. “Nos abandonaron, nos dejaron solos”, agrega.

Otilia Berenice González. Foto: Fernando Luna Arce

 

Regreso a clases

El Campus, ubicado en la calle Puente número 222 de la colonia San Bartolo El chico, comenzó 2018 con su plantilla casi sin cambios, con 8,000 alumnos inscritos (4% de los estudiantes se dio de baja en enero).

La institución ha proyectado demoler los edificios dañados y edificar 48,000 metros cuadrados para nuevas aulas y una biblioteca, donde se invertirán 1,700 millones de pesos (mdp). La futura infraestructura, según el rector David Garza Salazar, será un “espacio vibrante”.

A Regino no le intimida el músculo de la institución, pues –dice– se trata de llegar a lo que establece la Ley. ” Si el Gobierno de la Ciudad de México no quiere avanzar porque se trata de una institución grandota pues entonces tenemos las instancias internacionales a las cuales podemos acudir, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Si la Comisión determina que se ha obstruido el acceso a la justicia, el caso estaría en fila a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no estarán demandando al Tecnológico de Monterrey, sino a un órgano de Estado, en este caso el Gobierno de la Ciudad de México “que será responsable de no permitir que se descubra la verdad de los hechos”.

El límite para implementar esta medida serán seis meses. Regino recuerda que en la Ciudad de México se cayeron otros edificios construidos por empresas, de las cuales, ya hay detenidos y encarcelados, vinculados por homicidio imprudencial desde noviembre del año pasado. “¿Qué está pasando en el caso del Tec de Monterrey?”, añade.

Abella reitera que el ITESM seguirá abierto para apoyar y dialogar con los padres en lo que necesiten. “Nuestro interés siempre ha sido el contribuir a conocer con detalle lo que pasó y sumarnos a ese interés que defina las responsabilidades”.

Después de contar su testimonio a la cámara, la señora Ana Laura insiste en su búsqueda de justicia. Se levanta de la silla, se acerca y dice: “Si ellos tienen un eslogan de Familia Tec, pues nosotros no fuimos tratados como familia”.

 

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