Uno de los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la descentralización de varias dependencias a diferentes estados; en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) se determinó su reubicación administrativa a Ciudad del Carmen, Campeche, y con esto también el movimiento de trabajadores a esa entidad y a otras del país.

No obstante, el avance de esta descentralización va a marcha lenta, aunque ya se tienen oficinas para la dirección general y otras direcciones, las operatividad de Pemex se mantiene en la Ciudad de México.

De acuerdo con el último reporte anual de Pemex, se han reubicado 3,582 plazas, de las cuales se han formulado 1,068 solicitudes por parte de la empresa productiva del Estado y sus subsidiarias, puesto que requirieron en la elaboración de proyectos de aprovechamiento inmobiliario en edificios propios y arrendados.

El documento detalla que de las 1,068 solicitudes, 770 ya se concluyeron y se encuentran en proceso de ejecución y las 298 restantes se espera se concreten durante este año.

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Las entidades a las que se han movilizado estos 770 trabajadores son de la Ciudad de México hacia Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y Sonora.

De las 298 solicitudes pendientes, indica que 244 se van a Ciudad del Carmen, Campeche, y 54 a Veracruz. Pemex apunta que las gestiones para el traslado de los trabajadores disminuyeron por la pandemia de Covid-19.

La empresa productiva del Estado que encabeza Octavio Romero Oropeza dice que está llevando la descentralización conforme a las necesidades de operación de sus diversas áreas, pues tiene presencia en todo el país, con la excepción de Quintana Roo.

En 2018, cuando se expuso el plan de López Obrador para la descentralización del gobierno federal, la Coparmex advirtió que este proceso podía tardar todo el sexenio.

Ahorros en arrendamientos

Durante el año pasado, la petrolera elevó los ahorros por arrendamientos en un 70% respecto a 2020.

En el arranque de este sexenio, Pemex contaba con 45 contratos de arrendamiento con fines administrativos en distintas ubicaciones del país que ascendían a 266 millones de pesos. Para el cierre de 2021, se ha quedado solo con 34 contratos.

Lo anterior le generó un ahorro 46.5 millones de pesos de renta anual durante 2021, un monto más significativo a los 27.4 millones de pesos de 2020.

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