Finalmente, López Obrador y su equipo presentaron el llamado Plan de Paz y Seguridad. Son varios los temas que aborda este proyecto, incluyendo la reinserción, la prevención, el cambio regulatorio en la política de drogas, combatir la corrupción y, como lo han destacado la mayoría de los medios, crear una Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías federales, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si bien hay partes del plan que nadie podría rechazar, como la apuesta por la prevención y la reinserción social, no hay razones para ser optimistas. No se puede olvidar que en este sexenio que está por concluir, el discurso de la prevención tuvo un rol importante en un inicio. Se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014 – 2018.

Los resultados están a la vista: el crimen sigue aumentando y el programa terminó con poco presupuesto en 2017 y sin presupuesto en 2018. ¿La razón? No hubo programas desarrollados para ese fin que partieran de un diagnóstico de los problemas desde lo local ni esquemas de medición que probaran que el dinero invertido tenía efectos en la reducción del crimen y la integración social en los lugares más violentos del país. Es decir, la misma historia de muchas de las políticas públicas en México.

El documento presentado por López Obrador no señala compromisos presupuestales para la prevención ni tampoco para la reinserción, mucho menos una idea concreta de cuáles serán los medios que se utilizarán para esos fines ni cuáles serían los indicadores esperados. Esto hace pensar que no se tiene un programa nacional de prevención ni esquemas de colaboración entre autoridades para garantizar el éxito de una política pública de tal magnitud y relevancia. El rescate de las prisiones, es decir, quitarle el control al crimen, las mafias y la corrupción, también requiere un plan que no es ni siquiera esbozado en el documento. En pocas palabras, sigue pareciendo una propuesta de campaña con un poco más de detalle, no un diseño de política pública.

Con razón, las organizaciones y analistas se han centrado en el tema de la Guardia Nacional y, ahí, el problema del planteamiento es aún más evidente. ¿Cómo entender que se busque un cuerpo de seguridad dependiente de la Secretaría de la Defensa, cuando paralelamente se plantea un proceso de justicia transicional cuya finalidad es lograr la memoria, verdad y justicia sobre crímenes de una guerra en la que el propio ejército ha estado involucrado? Resulta evidente la incongruencia e incompatibilidad en la concepción misma de soluciones que se plantean como integrales. No hay pacificación, ni justicia, ni seguridad democrática posibles, por la vía militar. La seguridad pública sin policía suficiente y capacitada, con cuerpos militarizados y adscrita a jerarquías militares, va en contra del derecho internacional de los derechos humanos y no es acorde con una visión de reparación de los daños ni de brindar garantías de no repetición a los millones de víctimas que hay en México.

¿Por qué López Obrador eligió esa vía? Porque elementos de lo que plantea ya están, en realidad, en la Constitución. La idea de una Guardia Nacional se estableció en la Constitución en el siglo XIX y, desde entonces y hasta recientemente, varios artículos de la constitución en donde se habla de dicha Guardia Nacional han sido reformados sin que el concepto haya desaparecido, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué nunca se eliminó.

Si bien nunca se ha generado un reglamento o Ley sobre la Guardia Nacional, hay claves constitucionales ya preocupantes. Por ejemplo, el artículo 10 de la CPEUM establece que hay armas exclusivas del Ejército, de la Armada, la Fuerza aérea y la Guardia Nacional. El artículo 31 establece que es obligación de los ciudadanos alistarse y servir en la guardia nacional, para garantizar, entre otras cosas, la tranquilidad y el orden interior. El artículo 35, define que son derechos del ciudadano, tomar las armas en el Ejército o la Guardia Nacional en defensa de la República y sus instituciones (este artículo, por cierto, reformado en 2012). El artículo 36 establece la obligación de alistarse en la Guardia Nacional. El artículo 73, le da al Congreso las facultades para reglamentar la Guardia Nacional (esta fracción, reformada en enero de 2016). El artículo 89 le da al presidente la facultad de disponer de la Guardia Nacional, conforme al artículo 76, que establece que el Senado de la República dará su consentimiento para que el presidente fije la fuerza necesaria en el despliegue (la fracción IV del artículo 76 fue reformada en enero de 2016). Es decir, la mesa está puesta para darle a este cuerpo un carácter eminentemente militar, no civil.

Al analizar la evolución del marco constitucional, podemos ver que la conclusión de López Obrador y su equipo fue utilizar recursos que se han ido construyendo a lo largo de varios años. Esto nos obliga a preguntarnos si el plan de seguridad militarizada en México es un proyecto transexenal, multipartidista y de actores poco visibles a la sociedad, pues solo así podríamos entender que, habiendo sido votado para pacificar al país, Andrés Manuel López Obrador tome la determinación de darle a la Sedena el control de la seguridad.

Retomando la reflexión del violonchelista Yo-Yo Ma en el sentido de que no se puede lograr la paz con un espíritu de guerra, estamos obligados a resistir la intención de materializar una Guardia Nacional con control militar porque es contraria al anhelo de paz, seguridad y justicia que tenemos la mayoría de mexicanos.

 

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