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Policía abate a sospechoso de tiroteo en Estrasburgo
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El presidente electo presentó el Plan Nacional de Seguridad que seguirá durante su mandato constitucional donde, más allá de la ya discutida militarización intensiva que la guardia nacional representa, hay varios aspectos que resulta relevante analizar, pues se parte de supuestos que plantean dudas sobre la forma en que concibe a la seguridad pública y la política construida para su atención.

En el plan, no vemos un diagnóstico real de la problemática de seguridad, lo que lleva a generar un contexto donde la problemática a tratar parece difusa. Es decir, cuando se plantea la idea de seguridad pública ¿de qué se está hablando? Si bien en el contexto federal dicha idea de seguridad tiene sus referentes en la constitución, en realidad las condiciones de “inseguridad” son distintas en cada entidad o municipio. Por lo que, la configuración de una estrategia nacional, ha sido uno de los principales límites de ella misma, pues no es lo mismo el crimen asociado al narcotráfico en la ciudad de México que en Acapulco o Tijuana, o el robo de coches en la alcaldía de Benito Juárez o en el municipio de Ecatepec.

Partir del supuesto de que la inseguridad es igual en todos lados y, por eso, se requiere un plan con estrategias unívocas, es falaz y nos lleva a dar escopetazos, en lugar de enfocar de manera adecuada la problemática de manera específica.

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A falta de ese diagnóstico, las causas se refieren también a problemáticas generales. Si bien una parte del crimen se asocia a condiciones de pobreza que llevan a las personas a enrolarse en grupos criminales, esto no es cierto ni es la norma en muchos espacios del país, por lo que las políticas sociales no necesariamente reducen condiciones de crimen o violencia, si no se acompañan de estrategias focalizadas que permitan la reconstrucción del tejido social. El caso de Ciudad Juárez es relevante en este sentido, donde incluso, a pesar de los recursos invertidos, la reconfiguración de ese tejido social lleva tiempo para consolidarse.

Los dos aspectos anteriores, están relacionados con una idea de fuerte centralización de la política de seguridad, no únicamente en su concepción, sino en la práctica. Pensar que todo puede ser coordinado desde el centro en temas de seguridad, es desconocer no únicamente a la autoridad estatal y local, sino también las condiciones y la lógica del crimen. El fracaso del mando único en diversas entidades, no se debe únicamente a la resistencia de la autoridad local, sino también a la configuración de líneas de mando, donde no se reconoce la especificidad de las condiciones de inseguridad.

En ese sentido, el despliegue de una guardia nacional, que pasa por encima de los supuestos de distribución de funciones entre órdenes de gobierno, implica dos falsos elementos adicionales. Por un lado, la idea de que, con la centralización y la buena voluntad de los mandos, incluido el presidente, se resuelven problemas como la corrupción al interior de los órganos de seguridad, además de que se vuelve a repetir el mismo error histórico, donde se piensa que los militares tienen la formación para resolver problemas de seguridad pública.

Por otro lado, que una dependencia nacional puede resolver el problema por sí misma. En este segundo caso, los ejemplos en América Latina como Colombia, son distintos a México, pues en esos países funcionan sistemas de gobierno centralizado, donde las funciones de seguridad son responsabilidad del gobierno central, por lo que ahí si pueden existir policías nacionales, mientras que, en México, con esquema federal, las funciones se distribuyen entre órdenes de gobierno. Si bien se han planteado reformas a la ley, hacer concurrente la responsabilidad de la seguridad, como ha ocurrido con otros temas, lo único que genera es irresponsabilidad por parte de los distintos espacios de gobierno.

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Finalmente, se desconoce el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encamina a declarar la inconstitucionalidad de los supuestos que sustentan la Ley de Seguridad Interior, pues la constitución establece claramente el hecho de que los militares no pueden estar en las calles cumpliendo funciones que no sean exclusivamente castrenses. Si bien en la propuesta de plan se plantea la posibilidad de un cambio en diversas disposiciones constitucionales, el sentido histórico de tener a los militares en los cuarteles evitó que asumieran la capacidad y el interés, para asumir el poder como ocurrió en diversos países de la región, en otras épocas.

El camino a seguir debería ser el del fortalecimiento de la autoridad local y estatal, no únicamente en seguridad, sino en otros rubros que atacan causas concretas de la inseguridad, incluyendo los aspectos fiscales y financieros que apoyan al crimen. Pero al hacerlo, el espacio federal perdería poder y pues de eso se trata, de controlar los espacios de decisión en todas las dimensiones del ejercicio de ese poder.

 

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