Por Julián Andrade*

La Policía Federal se despide. Es una pena, porque representó uno de los esfuerzos institucionales más importantes, en décadas, para contar con una corporación profesional.

La policía siempre es un problema en sociedades democráticas, porque el trabajo que realizan es el de mayor contacto y conflicto con la sociedad.

Es la última frontera antes del crimen y el trabajo que realizan los uniformados suele desarrollarse en pliegues inciertos y en zonas brumosas. Quizá por ello se privilegia la participación civil y acotada por sistemas de supervisión y control.

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La Policía Federal es el retrato del país que hemos sido, de las contradicciones en la ejecución de políticas públicas y en el planteamiento del federalismo y sus alcances.

El desarrollo de una fuerza policial nacional nunca resultó sencillo y menos en esquemas de pluralidad política y desconfianza ante la irrupción de la federación en asuntos que tendrían que competer a los estados y a los municipios.

Combatir la criminalidad, en sus primeros momentos, en su cotidianeidad, es tarea que no debiera ser de instituciones creadas para enfrentar problemas mayores.

Los altos índices de delincuencia obligaron a dar respuestas fuera del libreto, con la participación militar y con una colaboración del gobierno central mucho más acentuada de lo que era tradicional.

Pensemos, por ejemplo, en Michoacán, donde inclusive se nombró a un coordinador para hacerse cargo de la seguridad y pacificación de la región. Los resultados fueron de claroscuros.

Ahí las tareas de la Policía Federal resultaron centrales y permitieron la construcción de un ambiente que a la larga significó una vuelta a la normalidad, hasta donde esto era posible y sobre todo después del reinado de terror de la Familia Michoacana y sus aliados.

Fue justo la Policía Federal la que logró aislar y capturar a capos de la relevancia de Servando Gómez “La Tuta”.

La próxima administración ya decidió que los encargados de enfrentar los problemas de la seguridad pública serán militares. Es, en los hechos, una profundización de la participación del Ejército como no la hemos conocido en nuestra historia reciente.

Los policías que acrediten los exámenes se integrarán a la Guardia Nacional y se inscribirán en la disciplina militar y bajo órdenes castrenses.

Lo más grave de esta disposición es que ya no existe la intención de construir policía y de fortalecerla en los tres órdenes de gobierno. No hay ningún incentivo para que los gobiernos estatales hagan su parte.

Para el ejército es un desafío de proporciones mayores y sin la protección social que hasta ahora han tenido, porque el trato directo con la ciudadanía y las cuentas, buenas o males, ya serán asunto de ellos.

Ojalá que los cálculos se hayan hecho con información de calidad y amparados por expertos. En seguridad no pueden existir improvisaciones y menos cuando lo que se comprometen son instituciones como el Ejército y la Marina Armada.

Más allá de retóricas y de intentos de matizar la decisión por medio del lenguaje, hay que hacerse cargo de lo que está por venir.

*Periodista y escritor. Es autor de la Lejanía del desierto y coautor de Asesinato de un cardenal

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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