Los señalamientos en contra de personas cercanas a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aumentaron durante el fin de semana, cuando se dio a conocer su relación con el dueño del inmueble que fungió como casa de campaña de AMLO, así como una nueva acusación contra su hijo León Manuel.
En su columna del domingo, Carlos Loret de Mola señaló que la propiedad ubicada en la calle Chihuahua #216, en la colonia, utilizada por Andrés Manuel López Obrador como casa de campaña; pertenece a José de Jesús Hernández Torres, político que ha trabajado 49 años con Bartlett y al que se le pagaron 130,000 pesos mensuales de renta durante un año 4 meses.
Además, de que Morena mantuvo la casa como centro de operaciones del partido cuando cuando el mandatario tomó posesión y movió sus
oficinas a Palacio Nacional.
Loret de Mola ha publicado diversas investigaciones en torno a la familia Bartlett, como el de su llamado imperio inmobiliario, el cual fue analizado por la Función Pública y descartado posteriormente.
El titular de la CFE volvió a estar en el ojo del huracán hace unos días cuando se dio a conocer que una delegación del IMSS asignó a una empresa de Bartlett Álvarez un contrato por 31 mdp por 20 ventiladores respiratorios. ‘el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria’.
SFP investiga compra ‘inflada’ del IMSS a hijo de Bartlett
Por otro lado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que comuneros y abogados de Salazar, en Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad.
Con los testimonios de cinco personas, apuntó que el hijo de Manuel Bartlett, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México, y la oferta de Bartlett Álvarez era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.
Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace
MCCI intentó contactar a Bartlett Álvarez para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.
Con información de El Universal y MCCI.
