Los hermanos Ana Paola, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas solicitaron a la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien acusan de fabricar pruebas para encarcelar de manera ilegal a su madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán por un delito que no cometió.
“Vengo a formular por escrito una denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, así como (a solicitar que) dé inicio a un juicio político en su contra por las graves y sistemáticas a los derechos humanos consagrados en la firmó Constitución Política y diversas leyes federales”, afirm´o Alonso Castillo Cuevas.
El fiscal de la República encarceló de manera ilegal a nuestra madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán por homicidio doloso de la concubina de Federico Gertz Manero, explicó el nieto de Laura Morán Servín, quien en 1968 conoció al hermano de Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo con Alonso Castillo, el fiscal general lo quiso extorsionar a él y a sus hermanos y los amenazó con meterlos también la cárcel.
“En una junta con el subprocurador Juan Ramos nos exigió la confesión ilícita que días antes nos había solicitado el fiscal de la República con el objetivo de meternos a la cárcel”, declaró.
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En 2015, la convivencia entre Laura Morán Servín y Federico Gertz Menero era escasa, ya que él tenía colocado un marcapasos cardíaco y sufría de deterioro mental que era materializado en alucinaciones, dice la solicitud de juicio político.
Agrega que el 4 agosto de 2015, Federico Gertz Manero sufrió un accidente y se golpeó la cabeza, algo que provocó una herida sangrante.
Pese a ello, salió a la calle en compañía de su hermano Alejandro Gertz Manero a ver unas personas, señala el documento.
“Laura Morán Servín llamó a Alejandro Gertz Manero para enterarle del estado delicado de su hermano, acudiendo a su domicilio el 24 de agosto de 2015, así como le señaló que se haría cargo de él y dispuso que fueran los médicos Hugo Mancilla Nava y Homero Aguirre, quienes trabajaban para él en la Universidad de las Américas”, recuerda la denuncia entregada a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.
Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, hija de Laura Morán Servín, acudía a casa de su madre todos los martes, cuando le permitían usar el comedor para tener una clase de logoterapia con siete amigas y su maestro.
“Y en cierta ocasión que no conseguía (ni) su mamá ni sus empleados una sonda que requería el hoy occiso, se puso a buscarla a través de teléfono, hasta que la encontró y le avisó al chófer de su mamá a dónde dirigirse”, explica.
El 29 de agosto de 2015, se relata, el actual fiscal general llegó al domicilio de Laura Morán Servín y Federico Gertz Manero junto con su abogado Juan Ramos, personal del Ministerio Público y policías, sin contar con una orden de cateo.
En ese momento, el titular de la FGR señaló que había denunciado de intento de homicidio de su hermano, quien posteriormente se lo llevó y lo internó en el Hospital ABC. Ahí murió el 27 de septiembre.
Federico Gertz Manero dispuso en su testamento que su hermano Alejandro Gertz Manero fuera su heredero universal, lo que impidió que Laura Morán Servín se hiciera cargo de los gastos médicos y se quedó sin dinero y sin pensión.
Alejandro Gertz Manero denunció posteriormente a Laura Morán Servín y a sus dos hijas Alejandra Guadalupe Cuevas Morán y Laura Cuevas Morán del homicidio de su hermano Federico.
Las autoridades judiciales, las declaraciones de los médicos, los dictámenes periciales, testimonios y pruebas determinan que no hay delito ni encontraron nada irregular en la muerte de Federico Gertz Manero.
Alonso Castillo Cuevas manifestó que están ante una escandalosa y vergonzosa violación de derechos humanos y de justicia.
“Es evidente que Alejandro Gertz Manero ha incurrido en contra de la ilegalidad, la honradez, la imparcialidad, la rendición de cuentas y la eficacia que debe observar en el desempeño de su cargo como servidor”, acusó.
Agregó que Alejandro Gertz Manero ha utilizado a la Fiscalía General de la República para beneficio propio, ya que el subprocurador Juan Ramos actuó como su abogado particular.
