La iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley de la Industria Eléctrica no sólo podría afectar 71 proyectos de energía que están en operación y ejecución y que equivalen a 196,769 millones de pesos, sino a 105 proyectos que están en etapa de autorización y que ascienden a 451 mil 289 millones de pesos (mdp).
Durante el parlamento abierto sobre la propuesta presidencial, Ernesto García Monroy, integrante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, comentó que la iniciativa generaría la renegociación o terminación anticipada de contratos existentes.
Señaló que en la actualidad hay 57 proyectos de energía en operación y 14 que se encuentran en etapa de ejecución, los cuales equivalen 196, 769 mdp. Estos proyectos involucran a 28 empresas, quienes podrían interponer controversias por la posible terminación anticipada de sus contratos.
“Dichas empresas estarían en posición de interponer controversias o exigir indemnización, según lo convenido en los contratos y al amparo de los Tratados internacionales. Eso depende de la decisión que cada empresa tome y de la resolución de la Corte”, dijo.
Lee: CFE acusa daño de la iniciativa privada a la Nación por 412,400 mdp
Comentó que también se cuentan con 157 “Proyectos de Infraestructura financiados por el Capital Privado” del Subsector Electricidad par Generación de electricidad con una inversión de 845,623 mdp. De estos, dijo, 123 proyectos se reportan en etapa de autorización y ejecución e implican una inversión de 561, 042 mdp.
Sin embargo, explicó, restando los proyectos que utilizan energías convencionales e hidroeléctrica, las cuales tendrán preferencia en el despacho eléctrico según la iniciativa, quedarían 105 proyectos de generación con energía solar y eólica cuyo monto de inversión, en conjunto, ascienda a 451, 289 mdp.
El presidente Cluster Energía de Nuevo León, César Cadena Cadena, señaló que si se aprueba el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, implicará adoptar una postura de Economía política que no favorece y privilegia el aumento en la calidad de vida de la población y no garantiza la reducción del costo de las tarifas.
También traduce a la energía en un bien público que se provee exclusivamente por el Estado, con mayores costoso sociales y mezclando decisiones económicas basándose en conceptos políticos alejados de la realidad como es el uso de las energías alternativas.
Ante ello, propuso que no se debe aceptar la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y aplicar la vigente, pero fortalecer la competencia pública y privada en la generación de electricidad; los órganos autónomos que regulan al sector; el proceso de transición de energía, y la Comisión Federal de Electricidad que se enfoque en segmento de Transmisión y Distribución y fortalezca a su vez la confiabilidad del sistema eléctrica nacional.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
