La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó llevar al Pleno la discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial por el que se prórroga hasta 2024 la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Dada la relevancia de este hecho, serán los 11 ministros de la Corte quienes analicen su validez y en su caso desechen o arropen la propuesta de la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien en principio propuso declarar infundada la controversia constitucional que la panista Laura Rojas, promovió en 2020 cuando era presidenta de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los argumentos de la ministra, el presidente de la República no cae en invasión de atribuciones del Poder Legislativo y determina que el Ejecutivo federal tiene facultades plenas para suscribir el acuerdo de seguridad.
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Sin embargo, la ministra no se pronunció respecto a las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la militarización de la seguridad pública.
Este es uno de los principales reclamos de diversas organizaciones de la sociedad civil, pues consideran que el tema debe tocarse sobre el fondo del acuerdo y no sólo sobre la competencia de los Poderes de la Unión.
Se prevé que este acuerdo sea discutido hasta 2022, ya que el periodo de sesiones de la Corte concluye el 15 de diciembre y el Pleno tiene diversos eventos como la despedida del ministro Fernando Franco y la recepción de la ministra Loretta Ortiz, quien ayer fue electa por el Senado de la República.
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