El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informó que investigará cómo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, sacaron de la sede “Capullos” a un bebé a fin de convivir con él durante un fin de semana.
La polémica inició el pasado fin de semana, cuando a través de sus cuentas de Instagram, la pareja presumió que convivirían con el menor durante el fin de semana al haber obtenido un “permiso de convivencia familiar”.
“Pedí un permiso de convivencia familiar, ya que ese se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia, por ejemplo, muchos de los niños que se fueron ahorita de vacaciones a convivencias familiares con personas que tenían un vínculo sentimental”, explicó Mariana Rodríguez en redes sociales a la vez que compartía su experiencia a profundidad.
Samuel García compartió fotografías del bebé, llamado Emiliano, vestido con el uniforme de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Al respecto, la organización Save The Children acusó que el menor fue sustraído del resguardo del DIF estatal por una persona con la que no tienen ninguna clase de vínculos.
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Alertó que por esta razón, los derechos a la privacidad e identidad fueron violentados por la pareja y muestran el deterioro institucional de los organismos dedicados a la salvaguarda de los menores más vulnerables.
“Legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cada niña y niño, independientemente de sus circunstancias, debe poder ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos”, advirtió Save The Children.
Al respecto, el SNDIF solicitó a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, en un plazo de 72 horas, información sobre el “proceso de adopción temporal” al que Samuel García y Mariana Rodríguez tuvieron acceso.
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De igual forma, pidió que se emprendan acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del menor.
En SIDIF aclaró que los procesos de adopción o cuidado familiar deben realizarse con apego al marco legal que se encarga de vigilar la seguridad de los niños y niñas y adolescentes involucrados en este proceso.
Indicó que cualquier persona que esté interesada en enrolarse en este proceso debe cumplir con disposiciones tales como idoneidad el cual sólo es expedido por los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sin este documento resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de una niña, niño o adolescente en adopción.
“La adopción no es un derecho de las personas adultas, sino que constituye un mecanismo jurídico que permite la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, quienes son la prioridad en todo momento y las autoridades, sin excepción, están obligadas a actuar con base en su interés superior”, indicó.
