Una de las banderas en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la lucha contra la corrupción. En varias ocasiones declaró que terminaría con ella como “se barren las escaleras: de arriba para abajo”; sin embargo, a tres años de que ganó la presidencia, su gobierno se ha visto inmiscuido en varios escándalos y en varios de ellos ha defendido a los protagonistas.
Uno de los casos fue el del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de quien en 2019 se dio a conocer que ocultó 23 residencias y 13 empresas con valor de más de 42 millones de pesos; es decir, nunca las dio a conocer en su declaración patrimonial.
Tras ello, la entonces titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, investigó el caso, pero declaró que Bartlett no era culpable ni de conflicto de interés ni enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias.
La titular de la SFP, la “zarina anticorrupción” del gobierno, también estuvo relacionada a un caso parecido al de Bartlett. Medios de comunicación documentaron que la política y su pareja, John Ackerman, poseen seis propiedades.
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Estas propiedades fueron adquiridas a lo largo de nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fueron pagadas de contado; además, el costo total asciende hasta 60 millones de pesos, cinco veces más de lo que aparecía en la declaración patrimonial de Sandoval.
Otro escándalo fue de Zoé Robledo, quien según medios de comunicación otorgó contratos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a empresas de su hermano. Sin embargo, el funcionario respondió que era falso y que nunca le había adjudicado contratos a sus familiares.
También la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha dado de qué hablar y es investigada por la SFP, pues funcionarios de este organismo han sido señalados de enriquecimiento ilícito, entrega indebida de apoyos económicos a deportistas y entrenadores, asignación de recursos sin comprobantes y, además, hay en proceso auditorías de contratos a prestadores de servicios porque hay dudas sobre ellos.
Un caso más fue el del hermano del presidente, Pío López Obrador, a quien se le vio en un video recibiendo dinero de manos de David León, quien fungió al inicio del sexenio como coordinador nacional de Protección Civil. El dinero fue supuestamente para la campaña presidencial de López Obrador en 2018.
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En la mayoría de los casos, López Obrador defendió a los acusados y hasta dijo que se trata de complots y ataques políticos contra sus funcionarios o familiares.
Para llegar a la Presidencia, el actual mandatario prometió “limpiar” al país de corrupción, pues aseguró que él y su gobierno serían diferentes a otros mandatarios y administraciones.
“Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República, permitirá la corrupción ni la impunidad”, dijo López Obrador en 2018 en el Zócalo capitalino tras haber ganado las elecciones.
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