El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el año con la mira en lo que prometía ser la luz al final del camino de la pandemia y se trazó un ambicioso objetivo: vacunar a toda la población mayor de 18 años contra el Covid-19 con al menos una dosis para finales de octubre de este año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante las últimas jornadas se aplicaron 610 mil dosis, es decir, un ritmo diario promedio de 500 mil dosis.
Hacia el 20 de diciembre, el gobierno de México había aplicado 141 millones 831 mil 710 dosis en total, con cerca de 66 millones 753 mil 364 personas con esquema completo de vacunación.
“Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres, mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho, desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse pero están cambiando de parecer y vamos a continuar con segundas dosis”, celebró el presidente de la República.
Para las siguientes semanas y con la irrupción de la variante Ómicron del coronavirus en México y el mundo, la administración lopezobradorista comenzará a vacunar con segundas dosis a adolescentes de 15 a 18 años y a aplicar dosis de refuerzo a personal médico y educativo.
Lejos, una Guardia civil
Este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma constitucional para que la Guardia Nacional, fuerza de seguridad creada con carácter civil, pase a ser un brazo armado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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El mandatario federal delineó que la Guardia Nacional, a fin de conservar su disciplina y efectividad, debía estar subordinada a la Defensa Nacional, hecho por el que enviará una reforma constitucional al Congreso de la Unión para revertir su carácter civil.
De acuerdo con la reforma que creó la Guardia Nacional aprobada por el Congreso de la Unión en 2019, el nuevo organismo tiene un carácter civil y su administración y operación por parte de las Fuerzas Armadas tendrá una vigencia de cinco años, es decir, hasta 2024.
De acuerdo con analistas consultados por Forbes México, el presidente busca burlar el mandato constitucional del carácter civil de la Guardia Nacional al pretender que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dando un control irresponsable de la seguridad pública a los militares.
“Eso es darle demasiado poder a los militares y es debilitar demasiado al gobierno civil ya no nada más en seguridad pública sino también en planeación y ejercicio del gasto público que escaparía a la representación de los diputados”, advirtió Lisa Sánchez, presidenta de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia.
La reforma aún no es enviada al Congreso de la Unión.
Apuesta por CFE
Otra reforma constitucional promovida este año es la eléctrica. El pasado mes de septiembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa la cual busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que el Estado tenga preferencia en los despachos de energía.
De igual manera, en cuanto al litio, el Ejecutivo federal indicó que su explotación será facultad exclusiva del Estado mexicano.
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La iniciativa plantea que la CFE tenga el 54% del mercado nacional mientras que el 46% quedaría en empresas privadas.
El análisis, en parlamento abierto de la iniciativa, será discutido por la Cámara de Diputados del 17 de enero al 15 de febrero de 2022.
Consulta fallida
Este año, México vivió por primera vez en su historia un ejercicio de consulta popular para preguntar a los mexicanos si los actores políticos del pasado debían ser juzgados por sus decisiones.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) alrededor del 7.74% de los ciudadanos listados en el padrón electoral, es decir poco más de 6 millones de personas, acudieran a las urnas para resolver si los políticos del pasado deben ser juzgados por las acciones que hayan tomado en detrimento de los derechos de los mexicanos.
En el tono mediático, esta consulta fue promovida por el presidente de la República para buscar un juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De los participantes, el INE reportó que de los que participaron del 89.36% a 96.28% eligieron el “SÍ”, y del 1.38% a 9.21% decidieron por el “NO”.
Analistas políticos consultados por Forbes México coincidieron que dicho ejercicio resultó en un acto muy caro, un acto de propaganda y una simulación.
Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la consulta es innecesaria, ya que en México se garantiza que a través de las fiscalías se emprendan acciones de investigación contra cualquier persona que haya cometido algún delito.
“Estamos ante una abierta simulación; incluso, es muy probable que el presidente no quiera que el resultado sea vinculante. La participación va a ser muy baja, porque no se está convocando a decidir nada en concreto y ese es el gran problema de todo”, lanzó Reyes.
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