Los espacios educativos especializados en personas con discapacidad generan exclusión social, advirtieron activistas de los derechos de esta población.

Por ello, si se incluye la obligación del Estado para promover una educación inclusiva en la reforma educativa que discute actualmente el Congreso, esto se convertiría en un paso decisivo para la integración total de este sector, consideraron.

Agustín de Pavia, abogado de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad Panamericana, quien desde su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral, afirmó que una vez que operen los cambios constitucionales, los institutos educativos tendrán que realizar modificaciones estructurales, pero también educativas para poder integrar a estos alumnos.

En experiencia de De Pavia, es muy común que en las escuelas privadas o públicas sugieran a los familiares de niños con discapacidad inscribirlos a institutos especializados en sus necesidades, pero esto no es lo mejor.

“Todos los trabajos que he tenido, los he tenido porque he estado en un entorno inclusivo, me conocen en gobierno, me conocen en la academia, me conocen muchos abogados y ellos mismos me contratan. Si me hubiera desarrollado en una educación especial con puras personas con discapacidad pues si tenemos un problema, nos va a afectar a todos y nadie tiene las herramientas para superarlo.

“Si estás en un mundo incluyente, puedo tener un problema, pero estoy en un mundo más abierto que me puede dar más apoyo que mi propio grupo”, explicó en el marco del lanzamiento del newsletter “Yo también”, enfocado en la investigación y difusión de información sobre discapacidad e inclusión en México.

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Uno de los principales argumentos para no incluir a niños con discapacidad en escuelas de educación básica es que éstas no cuentan con la infraestructura adecuada, pero con la reforma educativa tendrán que hacer cambios.

La periodista Katia D’Artigues, presidenta y cofundadora de “Yo también”, señala que aunque aún existen muchas barreras para la inclusión a la vida académica, laboral y social de las personas con discapacidad, la información en torno a su vida y necesidades es una herramienta poderosa para la integración.

El gobierno, acusó D’Artigues, ha sido uno de los espacios donde se vive la poca cultura de inclusión, ya que en 90% de los edificios del gobierno federal no hay accesibilidad incluyente, es decir espacios con rampas o que apoyen a la movilidad de personas con discapacidad.

En ese sentido, señaló que la reforma educativa será un paso para la integración de los niños con discapacidad y la generación de una cultura de inclusión.

 

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