Jimmy Morales, presidente de Guatemala anunció que no renovará el liderazgo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual finalizará hasta septiembre de 2019. Durante la conferencia asistieron Luis Ralda, ministros de defensa; Sandra Jovel ministra de Relaciones Exteriores y Enrique Degenhart, de Gobernación,. “Hemos notificado oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres) la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes”, afirmó el líder del país, Morales durante una conferencia de prensa ofrecida en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Las razones por las que se toman estas medidas son porque el actual responsable del organismo y los integrantes de la comisión han participado e inducido a diversas personas a cometer actos de corrupción. El gobierno guatemalteco ya ha tomado cartas en el asunto ya que “conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”, afirmó el presidente de Guatemala. La CICIG fue creada en 2006 mediante un acuerdo pactado por el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, y quien investiga señalamientos de corrupción de políticos y empresarios. Una de las autoridades que se encontraba siendo investigada por esta comisión fue el mandatario Morales, el cual tenía avisos de retiro de inmunidad por delitos electorales como el de 2015. Te puede interesar: Gobierno de Nicaragua expulsa a equipo de Derechos Humanos de la ONU Durante ese año se le acusó a Morales de haber  recibido 1 millón de dólares por empresarios durante la contienda electoral. Morales acusa al CICIG de transgredir las leyes de Guatemala, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. “La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía” y que se ha pretendido “manipular a la justicia” lo cual atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, que son garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional.  

 

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