Uno de los argumentos que esgrime el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar que la Guardia Nacional pierda su carácter civil y se una a las Fuerzas Armadas, es que ya no se cometen violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos uniformados son quienes mayores quejas tienen por atentar contra las garantías individuales de los ciudadanos.

“A la Guardia Nacional se les está formando en el respeto a los derechos humanos, de modo que no va a haber ningún riesgo de excesos de autoritarismo. Está desterrada la tortura, es decir, no se va a permitir nunca la tortura, masacres; siempre se va a respetar la vida”, dijo ayer el mandatario federal en Veracruz.

Sin embargo, si se contabiliza desde el año 2020, cuando se registró por primera vez la labor de la Guardia Nacional en el monitoreo sobre el resguardo de los derechos humanos, esta corporación y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han consolidado su aparición entre las 10 corporaciones de seguridad con mayores quejas.

Por ejemplo, en ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 350 quejas contra la Guardia Nacional, y 359, para la Sedena por diversas acciones contra las garantías individuales que van desde las detenciones arbitrarias, hasta la tortura y desaparición forzada.

En el conteo sobre denuncias relacionadas a la tortura, la Guardia Nacional fue señalada en cinco casos en San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Oaxaca. La Sedena fue acusada por este mismo delito en seis ocasiones en: San Luis Potosí, Puebla y Sinaloa.

La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial acumularon 31 quejas por tortura en 2020.

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En el caso de la desaparición forzada, todas las corporaciones encargadas de garantizar y procurar justicia fueron acusadas en 15 ocasiones ante la CNDH en ese año.

Aunque los datos arrojan que la incidencia en este delito es relativamente menor respecto a otros años, se tiene que tomar en cuenta el alto grado de cifra negra que existen en estos casos.

“El gran problema de la tortura más que con la desaparición forzada y respecto al homicidio doloso es la cifra negra, el caso de tortura es donde hay mayor número de cifra negra”, reconoció Daniel Vázquez, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en entrevista con Forbes México.

“El grueso de la tortura se realiza prácticamente por policías quienes tendrían que recibir la denuncia e investigar y es un desincentivo para que se denuncie este caso”, abundó.

Para este año, el panorama no dista de ser diferente para la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, de enero a junio de 2021, la Guardia Nacional acumula ya 241 quejas por diversas faltas.

En el caso de tortura, la CNDH contabiliza hasta junio 26 casos de tortura y nueve casos de desaparición forzada. En el primer delito, la Guardia Nacional suma ocho casos; mientras, la Sedena es señalada en tres.

Sin embargo, la FGR, la SSPC, la Marina y la Policía Federal Ministerial suman 12 quejas a nivel nacional.

Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México son los que más quejas tienen en cuanto a tortura relacionada a las dependencias de seguridad nacional.

“Se cometen en prácticamente todo el territorio nacional (los casos de tortura y desaparición forzada) no es que se cometan en una sola región, sino que en todo el país tenemos personas torturadas, tenemos personas desaparecidas y es que se comenten por prácticamente todos los cuerpos de seguridad -no importa si es municipal, estatal o federal- y se cometen en total impunidad”, señaló Vázquez.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)suma al primer semestre del año, 222 quejas por violaciones a las garantías individuales; en último lugar su ubica la Fiscalía General de la República (FGR) con 178 quejas a nivel nacional.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es en Chihuahua donde la Guardia Nacional presenta mayor número de quejas, con 26, la mayoría relacionadas a detenciones arbitrarias, ejercicio indebido del deber público y la transgresión a los derechos de los migrantes.

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De acuerdo con el organismo, a nivel nacional la Guardia Nacional tiene 53 registros abiertos por detenciones arbitrarias donde 13 se han registrado en Chihuahua.

Dos municipios de esta entidad: Ciudad Juárez y Chihuahua forman parte de los 50 ayuntamientos más violentos de México con 673 homicidios dolosos en conjunto de enero a mayo.

Pese a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que la penetración del crimen en las policías locales hacen cada día más necesaria la participación del Ejército y la Marina en tareas relacionadas a la seguridad pública.

Por ello, destinará otros 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional para acelerar la recluta de miembros así como la construcción de cuarteles y garantizar su presencia a nivel federal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, el 75% de la población mayor a 18 años considera efectivo el desempeño de la Guardia Nacional.

De igual forma, la consultora SIMO realizó un sondeo este año para el diario El País en el que arroja un respaldo del 62% de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas; la Guardia Nacional se lleva el 53%.

Aunque la labor de las Fuerzas Armadas es cuestionada a nivel nacional e internacional por sus características negativas en el recrudecimiento de la violencia, expertos como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, consideran que la imagen de la Guardia Nacional está asociada al discurso sobre la necesidad de los militares para resolver el problema de la violencia que vive México.

“Lo que podemos afirmar es que la Guardia Nacional es aprobada por la mayoría, cuando la seguridad pública es reprobada igualmente por la mayoría.

“La Guardia Nacional sería aprobada, según esta hipótesis, no por lo que hace sino por la imagen que representa para la gran mayoría, es decir, la supuesta solución militar que la policía no pudo dar”, señala López Portillo en su columna Ruta Crítica publicada en Animal Político el 5 de julio.

Hasta el momento, la Guardia Nacional cuenta con 99 mil 446 elementos y de cara a la segunda etapa del sexenio de López Obrador se discutirá en el Congreso de la Unión si sus labores son integradas a la Defensa Nacional y con ello, al ser de carácter civil, se evite su corruptibilidad.

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