Por Jorge Salazar Cebrián* y Jorge Ruiz**

El nuevo Gobierno Federal entre otras prioridades ha puesto énfasis en la conservación de los recursos naturales y obtener un mejor provecho por su explotación. En el caso de las concesiones mineras también ha sido un punto importante para la administración federal el que se privilegie la conservación de los ecosistemas, la ecología y el bienestar de las comunidades establecidas alrededor de las minas, buscando en su caso que dichos asentamientos sean resarcidos respecto del menoscabo ecológico y social derivado de la actividad minera. Al respecto, el 15 de noviembre de 2018, fue presentada ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley Minera en donde se proponen cambios en materia de impacto social en donde se desarrollan actividades de explotación minera.

Algunas de las adiciones son las siguientes:

A) Facultar a la Secretaría de Economía (SE) para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.

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B) Facultar al Servicio Geológico Nacional (SGM) para realizar estudios de impacto social en áreas de explotación minera.

C) Disposiciones aplicables a cualquier concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras:

  • Previo a la expedición del título de concesión, emisión de un estudio de impacto por parte del SGM.
  • Consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas, por la SE y el SGM, buscando su acuerdos y consentimiento.
  • La SE informará al concesionario la presencia de grupos sociales vulnerables para la implementación de mecanismos de protección de derechos.
  • Montos económicos mínimos y reglas que el concesionario deberá destinar al desarrollo humano y sustentable de las comunidades.

D) Rendición de un informe anual al SGM sobre los impactos sociales de sus actividades y medidas de mitigación y planes de gestión social.

El pasado 20 de noviembre de 2018, dicha iniciativa fue turnada a comisiones para su dictamen, sin que a la fecha se haya sido emitido. Con relación a las nuevas facultades del SGM y la SE respecto del requisito de estudios y consultas previas, así como la posibilidad de cancelación de concesiones, de aprobarse la propuesta comentada, se afectarían los derechos de personas y sociedades titulares de concesiones mineras autorizadas antes de la vigencia de esta reforma, por ser derechos adquiridos.

En el poco probable caso de que esta iniciativa se convierta en ley, la vía idónea para impugnar la violación a los derechos mencionados es la presentación de una demanda de amparo indirecto, buscando la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma propuesta y su consiguiente desincorporación de la esfera jurídica del sujeto que obtuvo la protección constitucional.

*National Partner Baker McKenzie y **Principal Baker McKenzie.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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