El pasado 18 de marzo se llevó a cabo el Foro Nacional “Planeando Juntos la Transformación de México” en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 cuyo objetivo es definir las acciones con las que se busca traducir el discurso político en una realidad. En otras palabras, el PND sería, para este gobierno, el instrumento que plasme la ruta concreta de la llamada Cuarta Transformación.

El artículo 26 de nuestra Constitución establece que el Estado organizará un sistema de planeación de manera democrática y deliberativa, que se traduce en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, es ya costumbre que, una vez publicado, el PND queda en el olvido, sin seguimiento, monitoreo o evaluación, y los compromisos establecidos terminan ignorados bajo distintas justificaciones.

Dados los cambios que ha venido planteando el presidente de la República y el amplio apoyo que tiene su gobierno entre la sociedad, se abre una oportunidad importante para que el PND sea, en verdad, una guía de principios y acciones que eleven las posibilidades de éxito, articulándolo, incluso, con los compromisos de México en la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible.

El PND está planteado en 3 pilares: 1) Justicia y Estado de Derecho; 2) Bienestar y, 3) Desarrollo Económico. A decir del Secretario de Hacienda, estos 3 pilares deben de contar con perspectiva de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y, de territorio y desarrollo sustentable.

En su discurso, el subsecretario Alejandro Encinas, reconoció que en México existen millones de víctimas indirectas de una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Por ello, aseguró que además de los temas como verdad y justicia, seguridad y bienestar, las políticas públicas deben tener incorporada la visión de los derechos humanos. En este sentido, aseguró que las políticas públicas deben partir de un análisis serio y contar con la colaboración de organismos internacionales, academia, sociedad civil y una coordinación entre los niveles federal y local para su implementación.

Si partimos de estos planteamientos, las y los mexicanos deberíamos tener la tranquilidad de que contaremos con un buen PND. No obstante, el riesgo está, otra vez, en el grado de compromiso que las secretarías y sus funcionarios tendrán para llevarlos a cabo y la comprensión que el mismo presidente y los servidores públicos tienen de estos principios.

Si consideramos, por ejemplo, que la igualdad de género y la sustentabilidad son ejes transversales de esta planeación, una de las preguntas centrales sería: ¿cómo podríamos lograr que las mujeres y las familias de menores recursos y en zonas rurales puedan beneficiarse de los recursos naturales de sus regiones y acceder a formas de energía limpias que les permitan cuidar de su entorno, impulsar desarrollo en sus comunidades y mejorar su bienestar? ¿Apostar por las energías fósiles no es una política que choca directamente con la aspiración de transversalizar la perspectiva de género, territorio y sustentabilidad? ¿La política energética del presidente no va directamente en contra de la posibilidad de ayudar más a quienes menos tienen frente a las amenazas del cambio climático?

Otra pregunta es: ¿si se habla de paz, reconciliación y justicia, se puede omitir el tema de la impunidad? Si la crisis a la que el subsecretario de gobernación es de tales dimensiones y se reconoce que siguen ocurriendo violaciones graves como tortura sexual, ¿se puede omitir la necesidad de castigar a los culpables de estas múltiples formas de violencia?

Finalmente, si se trata de recuperar la centralidad del Estado bajo la premisa de que el mercado no puede sustituir su función, ¿esto se puede hacer sin una profunda reforma fiscal que haga del nuestro un verdadero sistema progresivo en el pago de impuestos? ¿se pueden hacer realidad las promesas del PND con los recursos fiscales actuales?

Abordar estas preguntas- y cientos más– de manera profunda, requiere capacitación y alto nivel de especialización en quienes definirán e implementarán las acciones de cada secretaría, a fin de hacer realidad los principios mencionados y su transversalización. En ese sentido, un servicio profesional de carrera en la administración pública debería también estar al centro del plan nacional de desarrollo. De lo contrario, estaremos de nuevo frente a un documento retórico y no frente a un programa que nos permita ver, en seis años, algunos de los cambios anhelados.

 

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