No es momento para que México sea complaciente ante los beneficios obtenidos de la reforma en telecomunicaciones de hace cuatros años, sino que debe seguir trabajando para ser rápidos y ágiles ante el constante cambio tecnológico, destacó AndyWyckoff, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE. Esto, agregó el especialista, con el objetivo de que el país se posicione en la economía digital. En ese mismo sentido, Gabriela Ramos,  subrayó que la economía digital “está dando pasos agigantados” y el país debe acercarse a ese nivel para no quedarse rezagado. Durante su participación en la presentación del estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, ambos destacaron los avances obtenidos e  la reforma del sector en 2013, pero hicieron hincapié en que aún quedan temas pendientes por atender. Por ello presentaron una serie de recomendaciones para promover la competencia, mejorar las condiciones del mercado, impulsar mejores políticas digitales nacionales y tener un marco legal institucional sólido, destacando entre ellas algunas acciones para los agentes preponderantes en las telecomunicaciones y radiodifusión, así como la eliminación de del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que actualmente se aplica a servicios de telefonía móvil y tv restringida. Te puede interesar: OCDE recomienda dejar entrar a Slim a la televisión Gabriela Ramos destacó los avances y beneficios de la reforma implementada en 2013, como la reducción de precios hacia el usuario final y la legislación que busca nivelar la cancha de juego para todos los jugadores. Y destacó que como resultado de esas modificaciones el número de suscripciones a banda ancha móvil aumentó en 50 millones entre 2012 y 2016, que equivale a la población total de Colombia. No obstante, señaló que aún hay varios pendientes por atender, como las diferencias entre algunas regiones respecto a la calidad y el acceso a internet. Es el caso del norte del país, donde el 70% de los hogares tiene acceso a internet, mientras que en el sur apenas el 30% tiene este beneficio. “Esto es preocupante porque estas divergencias contribuyen a incrementar y a enquistar las desigualdades”, dijo Gabriela Ramos. La directiva destacó que con las modificaciones constitucionales México logró acortar la brecha con las naciones desarrolladas, pero advirtió que para evitar que esa brecha se vuelva a abrir y alcanzar en algún momento la convergencia con los países líderes de la OCDE en este  rubro, es necesario seguir atendiendo los aspectos de regulación, competencia y políticas públicas en el sector. Por ello, al igual que en el estudio de 2012, la OCDE realizó una serie de recomendaciones para mantener un marco jurídico e institucional sólido, mejorar las condiciones del mercado y promover políticas nacionales con mayor efectividad. Entre las recomendaciones realizadas, el organismo destacó las siguientes:
  1. Evaluar las maneras de disminuir las restricciones regulatorias para el operador preponderante de telecomunicaciones lo antes posible ante la implementación exitosa de la separación funcional de las divisiones mayoristas y minoristas de servicios fijos de dicho grupo.
  2. Abordar la desigualdad en el acceso a internet entre las entidades federativas, reduciendo los obstáculos al despliegue de infraestructura a nivel local y municipal y simplificando las regulaciones excesivamente complejas o divergentes.
  3. Mejorar el funcionamiento del punto de intercambio de Internet (IXP) existente y habilitar nuevos IXP en distintos lugares del país.
  4. Reducir aún más las barreras a la inversión extranjera por medio de la eliminación de las últimas restricciones en el sector de radiodifusión y moderar los requisitos para invertir en servicios de comunicación por satélite.
  5. Fomentar una mayor competencia en la televisión restringida, por ejemplo mediante la eliminación de la vía rápida legal existente para fusiones y adquisiciones entre agentes no preponderantes.
  6. Eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que actualmente se aplica a los servicios de telefonía móvil y televisión restringida, como una medida para estimular el acceso a y el uso de dichos servicios.
 

 

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