Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Rodríguez Casas, anunciaron que disminuirán sus ingresos con el objetivo de alinearse a la política de “austeridad republicana” asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El compromiso se hizo en el marco de una reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que también se comprometieron a transparentar y eficiente el gasto de estas casas de estudio.

Rodríguez Casas detalló que actualmente su sueldo neto es del orden de 106,000 pesos y la disminución que se aplicará será de entre 12 y 15% para permanecer en aproximadamente 92,00 pesos.

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Graue señaló que la reducción a sus percepciones salariales será del orden de 22,000 pesos, aunque no aclaró el monto total de su sueldo neto mensual.

“Coincidiendo con esta decisión de austeridad ejemplar que ha marcado el presidente, en la misma cantidad que el señor presidente ha regresado el monto a la tesorería el monto de su salario, el rector de la UNAM a partir de la primera quincena hará exactamente lo mismo”, afirmó Graue.

El rector agregó que para a sus acciones mantenía su compromiso en la defensa de los salarios de los universitarios.

Ambos académicos aseguraron que esta política de reducción de salarios no afectaría a investigadores y personal administrativo de las casas de estudio.

Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, reconoció y agradeció la intensión del gobierno federal y los integrantes de la Cámara de Diputados de mantener el presupuesto para las universidades públicas.

“Las instituciones de educación superior públicas atienden en su conjunto a 3.2 millones de jóvenes desde bachillerato hasta nivel doctoral mediante programas de calidad, acreditados por organismos externos, realiza la mayor proporción de investigación científica en el país y difunde ampliamente la cultura. Por ello necesitan certeza financiera para llevar a cabo sus planes de desarrollo”, apuntó.

Recordó que del periodo de 2000 a 2017 se registró un incremento en la matrícula de las universidades públicas del 116%, al tiempo que el aumento del gasto federal fue del orden de 71%.

Específicamente, las universidades públicas se comprometieron a eficientar el parque vehicular y uso de vehículos oficiales, la asignación de teléfonos móviles, disminuir los contratos para funciones administrativas, reducir viáticos y gastos de representación, así como el gasto operativo en funciones ni sustantivas.

Asimismo, se afirmó que se integraría un programa de optimización del gasto y generación de ahorros y economías, revisar el régimen salarial y los sistemas pensionados y elaborar diagnósticos profundos para identificar problemas estructurales y diseñar soluciones definitivas.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reducción del presupuesto destinado a universidades públicas del orden de 6% había sido un error y se corregiría.

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