Especialistas señalan que la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que envió el presidente Andrés Manuel López obrador, viola tratados internacionales, pone en riesgo el clima de inversión en el sector energético, genera discrecionalidad y amenaza a las empresas privadas con expropiación indirecta.

Hace una semana el mandatario federal mandó la propuesta a San Lázaro, en la que se señala que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender, de manera temporal, los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos.

Por ello, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados realizó una mesa de diálogo, en la que Raúl Pérez Johnston, especialista en derecho constitucional, dijo que la propuesta viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado de Libe Comercio de América del Norte y los Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) firmados por México. 

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“Nos parece que hay violaciones a los principios constitucionales de competencia económica, libe concurrencia y seguridad jurídica en estas disposiciones”, comentó el especialista.

Mencionó que la suspensión temporal en el patrimonio de los inversionistas puede generar una expropiación indirecta, que, si no es resarcida después de un procedimiento, puede generar violación a derechos constitucionales y provocar responsabilidad al Estado mexicano.

“En el caso de suspensión, el articulo 59bis, no hay aparentemente una apropiación por parte del Estado de esos bienes, sino que es una suspensión temporal, aunque no se defina la temporalidad y queda a discrecionalidad de la autoridad. Se supone que terminada la suspensión se tendría que devolver todo y compensar el daño, por eso no se habla de una expropiación directa, pero sí de una expropiación indirecta”, dijo Pérez Johnston.  

Mientras, Fabril Moreno, directora de Perceptia21 Energía, dijo que la iniciativa abre las puertas a la discrecionalidad, debilita los derechos de libre competencia y dilapida el esfuerzo. 

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“Tenemos que hacerla (la iniciativa) con base en el marco constitucional para minimizar la discrecionalidad (…) en un momento de recesión económica, es imponderable no continuar ahuyentando las inversiones en el país. No repitamos el error a la ILE (modificaciones a la Ley de la industria Eléctrica), porque vamos a tener una nueva ley que nace muerta”, dijo la especialista en temas energéticos. 

Aseguró que la iniciativa va a provocar disminución en la inversión nacional y extranjera en energía. “No solo en esta ley, desde la reforma a la ILE. Estamos viendo una disminución (..) Vamos a tener una pérdida y no solo económica, sino en empleos”. 

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