El dictamen aprobado este viernes en la Cámara de Diputados plantea modificaciones constitucionales que implican el resurgimiento de un modelo institucional en telecomunicaciones y radiodifusión que mostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, sostuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El regulador aseguró en un comunicado que el modelo previo a la reforma de 2013 tuvo también limitaciones para crecer la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, “lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país”.
Dijo que con el modelo anterior a la reforma de 2013, las decisiones colegiadas del regulador estaban supeditadas a la revisión de una persona dentro de la misma dependencia a la que estaba subordinado, es decir, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien podía modificar o revocar determinaciones del regulador en atención a las coyunturas, lo que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos.
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La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para eliminar 7 organismos autónomos.
La iniciativa, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consiguió 22 votos a favor por Morena, PT y Verde Ecologista, y 17 en contra de la oposición.
Así, además del IFT, se perfila la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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La propuesta plantea que las funciones de estas entidades autónomas serán cubiertas por la administración pública.
El IFT expuso que desde la incorporación a la Constitución de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como derechos fundamentales y servicios públicos de interés general en 2013, el Estado reconoció que estos servicios son ejes rectores de la transformación social, económica e industrial del país.
Abundó que para avanzar en esa dirección, se dotó al regulador de las telecomunicaciones de autonomía constitucional, como elemento indispensable para agilizar procesos, crear confianza y garantizar certidumbre en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
Aseveró que esa autonomía le ha permitido construir y aplicar una regulación sólida, transparente, moderna y con procedimientos que se resuelven sobre criterios técnicos, jurídicos e imparciales, previamente establecidos y conocidos por los involucrados, con independencia de coyunturas políticas o intereses económicos y buscando el mayor beneficio social.
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El IFT enlistó una serie de cifras para sostener su afirmación de que en 11 años los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda.
Subrayó que la población actualmente paga 32.1% menos de lo que pagaba en 2013 por los servicios de comunicaciones, a pesar de que la inflación se ha incrementado en este periodo.
Añadió que hace 11 años los usuarios de internet no superaban el 45%, mientras que en 2023 el 81.2% de la población es usuaria de este servicio, lo que equivale a 51 millones de personas que hace 11 años no contaban con el servicio y que hoy sí lo tienen.
Señaló que su presupuesto de 2014 a 2023 fue por 17,752.1 millones de pesos (mdp), cifra que contrasta con los más de 180,917.8 mdp que han entrado en la hacienda pública bajo la forma de contraprestaciones a las que están obligados los regulados.
“Adicionalmente, se han logrado ahorros a los usuarios por un equivalente a 805 mil millones de pesos, por lo que por cada peso de presupuesto asignado se han generado 44 pesos de beneficio social”, aseguró.
El IFT refrendó su compromiso para seguir trabajando en beneficio de los usuarios, y manifestó su convicción de que habrá diálogo efectivo y análisis para que el país tenga el diseño institucional que mejor favorezca el desarrollo, la competencia, la inclusión y la pluralidad.
Regular al sector antes de 2013, ‘básicamente imposible’: De Swann
Mony de Swann, excomisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano que desapareció con la reforma de telecomunicaciones de 2013 para dar paso al IFT, dijo que regular el sector antes de ese año era “básicamente imposible, frustrante y absolutamente favorable para las grandes empresas en perjuicio de ustedes, los consumidores”.
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